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“Lamentablemente no nos da la capacidad de recaudación del Estado como para cumplir con todos los pedidos”, reafirmó ayer Colmán ante periodistas durante la presentación del informe de situación financiera de la Administración Central. Agregó que todos los pedidos de adendas al Presupuesto General de la Nación (PGN) autorizado por el Ejecutivo, planteados por diversas instituciones, serán sometidos igualmente a los márgenes estipulados en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Sobre el ajuste de G. 117.640 millones solicitado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para gastos preelectorales, si bien es con base en una disposición legal, deberá adecuarse a la disponibilidad de recursos, explicó Colmán, ratificando lo dicho recientemente por la ministra de Hacienda, Lea Giménez, en el sentido de que los subsidios a partidos no son ahora una prioridad en el presupuesto.
El subsidio es el pago que el Estado hace a partidos por el gasto en cada elección. Según lo estipulado por el Código Electoral, corresponde al 15% del jornal mínimo diario (G. 11.775) por cada voto.
En la Comisión Bicameral, en tres semanas de análisis, los pedidos “extras” ya suman US$ 150 millones. Los planteamientos fueron efectuados por varias instituciones públicas ante dicha instancia legislativa, que tiene a su cargo actualmente el estudio del proyecto de presupuesto 2018.
Cabe señalar que además de las reglas habituales de la LRF, en el 2018 se pondrá a prueba el artículo que rige para año electoral y establece que gastos por salario no deben sobrepasar el 60% del presupuesto
Anticipo para la Transchaco
En otro orden, el viceministro Colmán confirmó que dentro del paquete de inversiones con fuente 20 (financiamiento externo), para el próximo año, ya se contempla un anticipo de US$ 100 millones para la reconstrucción de la ruta Transchaco.
Cabe señalar que el inicio de esta obra está pendiente aún de la aprobación del consejo directivo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF, quienes serían los financistas de la obra que requerirá unos US$ 400 millones para su realización. La obra está prevista que se ejecute en 4 años, de acuerdo con lo estimado por Hacienda.
El Gobierno tuvo que recurrir a otros mecanismos, como el financiamiento directo a través de estos organismos internacionales (BID y el CAF), tras el fracaso en el llamado de licitación de llave en mano que no prosperó y que obligó a Hacienda a cambiar el esquema.