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“Nos mantenemos, esta es una inquietud que desde el año pasado venimos trabajando”, aseguró Peña cuando se le consultó sobre las movilizaciones que realizan desde el martes los importadores de autos usados para oponerse al nuevo arancel.
Peña sostuvo que la ley establece la importación de vehículos hasta 10 años de antigüedad, pero el 70% tienen más años e ingresan bajo el amparo emitido por la justicia. “No es un objetivo fiscalista sino un concepto mucho más amplio del tema medioambiental”, alegó.
Por otro lado, el secretario de Estado se preguntó quién en realidad se está beneficiando de esto, porque se pone como argumento el tema social cuando que existe una gran cantidad de vehículos de alta gama que son importados. “¿Será que estamos dando un beneficio a alguien que está comprando un vehículo de US$ 100.000, de US$ 150.000, y que paga un impuesto más bajo?”, se preguntó el ministro.
A su vez, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) emitió ayer un informe que demuestra la muy baja contribución fiscal del sector de importación y venta de vehículos usados. La contribución fiscal media en el año 2014 fue de solo el 0,16%, lo que equivale a G. 2.648 millones sobre un total de ingresos declarados de más de G. 1,6 billones.
Explica que el cálculo fue hecho sobre un total de 144 contribuyentes que en los dos últimos años (2014/15) registraron las mayores importaciones en Aduanas. “En el año 2015, si bien la contribución fiscal casi llegó a duplicarse (0,26%), sin embargo resulta aún muy bajo el nivel de contribución fiscal”, añade.
La SET también informó que concluyó los controles a un primer grupo de importadores de usados, seleccionados conforme a indicadores de riesgos tales como el mayor volumen de importaciones, con contribución fiscal mínima y aquellos que tienen fallos de la Corte para importar y/o comercializar vehículos con más de 10 años de antigüedad.
Reunión en Asunción
Una reunión, que duró casi tres horas, entre importadores de autos usados, “cigüeñeros” y funcionarios de rango inferior, no registró ayer los resultados esperados por los comerciantes del sector, que anuncian que seguirán las manifestaciones callejeras. No obstante, esperan del Poder Ejecutivo una respuesta definitiva, a más tardar para hoy.
La “mesa de diálogo” fue en el Ministerio de Trabajo, y al término, Miguel Barrios, del Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU), manifestó que al único acuerdo al que se llegó es en “seguir dialogando”.
No obstante, dijo que aceptaron que el titular de Trabajo, Guillermo Sosa, lleve las inquietudes del sector al presidente Horacio Cartes, del que esperan una respuesta hoy mismo, consistente en la suspensión del decreto. “Estamos tratando de llegar a un consenso. El gremio no está ajeno a ayudar al Gobierno, somos los primeros que queremos que las cosas se hagan bien”, enfatizó.