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El presupuesto aprobado por el Congreso asciende a G. 66,383 billones (US$ 11.406 millones), lo que implica un aumento de 0,2% con respecto al proyecto que había presentado inicialmente el Ejecutivo, pero representa 1,9% menos con relación al presupuesto del año pasado, según los últimos datos manejados.
Las autoridades en diciembre último anticiparon que no se aplicará veto a la ley de presupuesto y que el Ministerio de Hacienda ya está trabajando en el decreto reglamentario para establecer los parámetros de ejecución presupuestaria.
En la referida normativa, según indicaron los técnicos, se volverán a limitar los nombramientos y mantener la obligación de realizar concursos públicos para el ingreso del personal, así como procesos de racionalización de los gastos, tanto en los organismos de la administración central como de los entes descentralizados.
Cargos
La ley de presupuesto abarca a 95 entidades públicas, incluidas las cajas de jubilaciones, no así a las empresas sociedades anónimas como Copaco, Essap, Capasa, Ferrocarril.
El presupuesto tiene asignados 289.963 cargos de funcionarios permanentes, poco más de 2.000 con respecto al año pasado.
No se prevé un aumento salarial general en el sector público, pero la nueva matriz se aplicará a casi 40% de las instituciones y esto conlleva la duplicación de los sueldos al incluirse en dicho concepto las bonificaciones y gratificaciones.
Plan financiero
A esto posteriormente se sumará el decreto que establecerá el plan financiero de las instituciones, que implica un tope de gastos a ser financiados con recursos provenientes de los impuestos, a fin de controlar el nivel de déficit.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, había señalado que el plan financiero no será tan riguroso este año debido a que no existe mucha diferencia entre el presupuesto solicitado por el Ejecutivo y el aprobado por el Congreso.