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Como cada año, la cartera fiscal sigue pagando millonarios montos a través de este cuestionado programa de retiro voluntario, que hasta ahora no dio los resultados esperados en materia de reducción de cargos y el gasto salarial.
De acuerdo a la resolución firmada por la ministra Giménez, los pagos van desde un mínimo de G. 124 millones a un máximo de G. 736 millones.
Uno de los beneficiados es el funcionario Óscar Benítez Carballo, dirigente del Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda (Prisifumih), que se lleva más de G. 631 millones.
Benítez Carballo fue presidente de la coordinadora colorada de funcionarios de la cartera fiscal que trabajó por la candidatura del exministro de Hacienda Santiago Peña, en las internas del Partido Colorado, quien terminó perdiendo frente al senador Mario Abdo Benítez.
El dirigente sindical, de acuerdo a los videos y las fotos que circularon en su momento por las redes sociales, participó de la reunión con Peña en una churrasquería y, según se supo después, en dicha ocasión se decidió el pago de G. 3 millones a todos los funcionarios de Hacienda en concepto de “subsidio familiar”, a pocos días de las internas.
La ministra Giménez autorizó el referido pago y luego de tres días de eludir contacto con los periodistas, finalmente terminó admitiendo que dicho beneficio costó a los contribuyentes más de US$ 1,1 millones.
Los funcionarios que se acogieron al retiro realizaban labores en la Dirección Superior, Subsecretaría de Estado de Administración Financiera y la Dirección General del Tesoro Público.
Los funcionarios de la institución que fueron consultados sobre este tema señalaron que muchos de los que se retiraron lo hicieron por tener graves problemas de salud y que estos fondos les permitirían realizar el tratamiento como corresponde para recuperarse.
A fines de 2016, la cartera había destinado G. 8.500 millones (US$ 1,5 millones) para el retiro de 33 funcionarios de la institución.
Intención inicial fracasó
La figura del retiro voluntario, en principio, se introdujo en la ley de presupuesto con la intención de reducir el gasto destinado a servicios personales y el número de cargos en la función pública.
Los cargos, sin embargo, aumentan cada año. El presupuesto vigente, por ejemplo, contempla 298.183 cargos, que implica un incremento de 8.230 con respecto al ejercicio anterior.