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El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, emitirá bonos por valor de US$ 558 millones y la mayor parte se colocará en el mercado internacional en marzo, y la diferencia, en el mercado interno, y al respecto la viceministra Giménez salió ayer al paso de las críticas lanzadas desde diversos sectores sobre la ilegalidad de esta emisión respaldada en el presupuesto 2016 que sigue vigente, el acelerado endeudamiento del país con este gobierno y que los bonos se destinen a bicicletear la deuda.
De todas formas, admitió que el 57% de la emisión, lo que equivale a más de US$ 318 millones, irá para el repago de la deuda que vence en el año y la diferencia, más de US$ 239 millones, a inversiones nuevas. A su criterio, en este caso pagar la deuda con deuda no es un bicicleteo, sino una “administración de pasivos”, porque se cambia deuda vieja, emitida internamente a tasas astronómicas, por deudas nuevas, a tasas más bajas y plazos más largos.
La viceministra descartó la posibilidad de que el país entre en default (cesación de pago), como advirtió un técnico del Banco Central del Paraguay (BCP), porque se va a emitir los bonos y si no se emiten, se verá de dónde sacar para pagar. Apuntó que el default es un escenario que ni se considera, porque es catastrófico y retrocederíamos 20 años.
En este contexto, el director de Política Macrofiscal, Humberto Colmán, indicó que en el caso de no emitirse los bonos, para pagar la deuda se tendrá que hacer un cambio de fuente de financiamiento y esto obligaría a realizar recortes a programas sociales e inversión pública. Incluso, señaló que el año pasado cerró con un superávit operativo de 1,4% del PIB, más de US$ 400 millones, que podrían servir para pagar todo el servicio de la deuda y más, pero insistió en que implicará recortes agresivos.
La viceministra argumentó que el país es superconservador en materia de deuda, actualmente equivale al 23% del PIB y, de acuerdo al FMI, el riesgo está cuando alcanza 45%.
Irresponsables
Giménez tildó de irresponsables a los legisladores por sus declaraciones, refiriéndose a senadores de la oposición y la disidencia del Partido Colorado que advirtieron que esta emisión no tiene respaldo legal. Aseguró que el Gobierno está autorizado a emitir y a gastar esos recursos, porque el presupuesto está vigente plenamente.
Explicó que toda la ciudadanía va a sufrir las consecuencias de esa irresponsabilidad, porque las tasas que pagará el Estado por los bonos serán mayores y esto hará que las obras para desarrollar el país sean más caras.
Pidió separar la discusión política de la economía, para evitar generar mayores daños a la estabilidad del país lograda en los últimos 15 años.
En lo que respecta a pagar la deuda con recursos genuinos –tal como propuso el exviceministro de Economía Manuel Alarcón–, lo calificó de una tontería, porque sería ilógico y sin sentido pudiendo administrar la misma, alegó. En ese sentido, dijo que están preparando un plan para el pago del capital en el futuro, una combinación entre emitir de nuevo o pagar parte de la misma con recursos genuinos.