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En conversación con este diario, Vinader explicó que el caso no empezó precisamente con una denuncia de la Dirección Nacional de Aduanas por evasión, sino que surgió ya en el 2013, cuando la intervención judicial en Acepar detectó que esta había pagado por seis despachos de mineral de hierro, correspondientes a la administración que en ese momento estaba al frente de la acería, el grupo Insidsa (ver cuadro).
De acuerdo con la información, recién a partir de ahí empieza un sumario en Aduanas, que data de 2014, y en el que se investiga el finiquito de estos despachos que efectivamente fueron iniciados pero se detectó que no fueron finiquitados.
Sin embargo, en Acepar figuran documentos sobre esa gestión y demuestran que los administradores de esa época sí le dieron el dinero al despachante, de nombre Carlos Eduardo Ayala Albertini, para finiquitar los despachos; este liberó las mercaderías pero no pagó por dichos tributos aduaneros (ver recibo de dinero).
“Evidentemente, hay un contubernio entre el despachante y los aduaneros. Nosotros lo que hicimos fue una denuncia penal ante la Fiscalía contra el despachante, en febrero de 2015. La Aduana abrió sumario administrativo en 2014, pero aparentemente no solo investigó estos seis despachos sino que fue más atrás, 2010, que corresponde a la época de la administración de Sergio Tasselli, y detectó que serían 23 despachos”, explicó.
Práctica común
“Parece ser que esta era una práctica común entre despachantes y aduaneros”, añadió el interventor, y resaltó que Aduanas “es cómplice en todo esto”. De hecho, la acería embretó al despachante Ayala y este reconoció su falla y prometió que va a “arreglar” las cosas con Aduanas. “No sé qué quiso decir con arreglar”, respondió Vinader al ser consultado al respecto.
A su criterio, al menos bajo la administración de Insidsa, Acepar fue víctima de esa “práctica común”, pues desembolsó todo el dinero para el despacho. En principio, se pensó en iniciar una acción penal contra el administrador de la época, pero luego hallaron que efectivamente pagó. “Lo que hubo en todo caso es cierta negligencia al pagar y en seis meses no reclamar el finiquito del despacho”, alegó.
La acería ahora está apelando la Res. 250 de Aduanas, de octubre pasado, que habla del pago de casi US$ 20 millones en multas. Según explicó a su vez el jefe de Sumarios de Aduanas, Ricardo Lledó, ahora quien debe entender el caso es el director de Aduanas, Nelson Valiente.
Para Lledó, tanto Acepar como Ayala son responsables ante el fisco por el dinero que no ingresó a las arcas del Estado. “Acepar va a defenderse con todos los mecanismos que tiene. En esta segunda instancia entiende el director de Aduanas, que estudiará la apelación de las partes. La siguiente instancia es recurrir al fuero contencioso administrativo, dentro de los 18 días”, explicó finalmente.