Sapena Giménez, en una conversación telefónica mantenida con periodistas de ABC, dijo que la determinación fue tomada en base a publicaciones de este diario sobre hechos que involucrarían a funcionarios de la aludida repartición estatal, que fueron contratados de forma irregular para realizar trabajos relacionados al servicio que presta la institución.

"Vamos a abrir un sumario. Si encontramos dolo, vamos a remitir los antecedentes al Ministerio Público", apuntó.

La historia comenzó con las publicaciones de ABC Color sobre la ejecución del Proyecto de Racionalización del Uso de la Tierra - PRUT, financiado por el Banco Mundial con un millonario préstamo.
El mencionado proyecto se había iniciado en el ’92 con la promulgación de la Ley 30, que aprobaba un crédito de 29 millones de dólares del Banco Mundial y que nuestro país va a terminar de pagar en el 2012.

Según el proyecto, con el préstamo se debía catastrar toda la Región Oriental y la parte sur del Chaco. A este préstamo debemos sumar otros aportes: 3.750.000 dólares donados por el Gobierno estadounidense, 900.000 dólares del Gobierno japonés y 7.000.000 de dólares de contrapartida local.

Once millones de dólares fueron utilizados para realizar las fotografías aéreas y los puntos geodésicos (para ubicar al país en el mundo). Otros 11 millones para ejecutar la parte final del proyecto, que consistía en catastrar, Alto Paraná e Itapúa.
Para realizar los trabajos en las zonas de Alto Paraná e Itapúa, Hacienda había llamado a una licitación internacional, en el ’99, oportunidad en que salió adjudicado el consorcio Gicat, integrado por cuatro empresas: Tracasa, Initec, Geocart y Electroconsult del Paraguay SA.

Gicat, para ejecutar el trabajo, subcontrató al Gremio de Agrimensores, Topógrafos y Técnicos de Catastro - Gratotec, asociación "sin fines de lucro" fundada en 1994, dos años después del inicio del proyecto, integrada en su mayoría por funcionarios del propio Servicio Nacional de Catastro.