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Datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada cada año por la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC), revelan que los salarios en el sector público fueron los más incrementados, según los indicadores sobre los ingresos de las familias entre los años 2004 y 2015. Pese a ello, los funcionarios de instituciones de la administración central del Estado hablan de “precarización laboral” y de salarios “bajos”.
Al respecto, el viceministerio de Economía, de Hacienda, en el marco del análisis del Presupuesto General de la Nación 2017 y la lluvia de pedidos de aumentos y protestas, fue muy claro al mostrar a lo largo de este mes de noviembre las cifras que contradicen lo sostenido por los trabajadores.
La mencionada dependencia de Hacienda tuvo en cuenta, asimismo, otros indicadores para responder a los pedidos de aumento salarial –además de los incluidos en la EPH–, que significarán un impacto directo en el déficit presupuestario.
En tal sentido, técnicos de la cartera de Estado calcularon las variaciones acumuladas en el periodo que va desde 2004 hasta octubre de 2016, las cuales indican que la inflación creció 87%. En este período, el salario público promedio aumentó 158%, casi el doble de la cifra de inflación, mientras que el salario privado promedio solo subió 54% en el mismo periodo. Aquí sí hubo una pérdida del poder adquisitivo, todo lo contrario que en el público.
Millonarios aumentos
De acuerdo con los datos, los incrementos en gastos con recursos genuinos rondarían los G. 400.000 millones (US$ 69,2 millones), cifra mayor a la prevista inicialmente por los técnicos de la cartera.
Este monto incluye el aumento salarial del 12% para docentes del Ministerio de Educación y para el personal de blanco de Salud Pública, como también otros beneficios que fueron otorgados de carácter personal.
Al respecto, se han pronunciado autoridades del Gobierno, economistas y analistas del sector privado, quienes han manifestado preocupación por todos estos incrementos sin calce presupuestario, porque deben cubrirse con la recaudación tributaria, pero no se explica de dónde saldrían los fondos. El impacto de estos aumentos llevaría a que el déficit sea mayor al tope del 1,5% establecido por ley.