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Este es uno de los aspectos que ni la empresa ni el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pudieron explicar de una manera convincente.
La compañía niega que haya caducado el poder sobre el cual basó su compra (a través de intermediarios), en el 2008. Pero jurisconsultos explican que un segundo mandato otorgado sobre el mismo bien, en las mismas condiciones, automáticamente reemplaza al anterior, según lo establecido en el Código Civil en su Sección III, sobre “extinción de mandato”.
A pesar de ello, el presidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, se empeña en pagar US$ 13,7 millones a Tierra de Negocios SA, corriendo el riesgo de que después aparezca el actual apoderado de los orientales con mandato vigente, ya que nunca fue recurrido ante la justicia para cobrar al Estado la indemnización.
El titular del ente habla de pagar por medio de un “canje” a esta firma representada por el abogado del Grupo Cartes, entregando 60.269 ha del Chaco a cambio de las 10.300 ha de Chino Cue. Sin embargo, abre también la posibilidad de abonar en efectivo el millonario monto y, además, se estableció que TNSA puede reclamar intereses por vía judicial si el Indert no consigue las tierras chaqueñas.
Lo más probable es que, si no se frena este negociado, el Estado termine pagando en efectivo a la compañía, pues las tierras del Chaco ofrecidas para el “canje” se encuentran ocupadas y en procesos judiciales, cuya resolución puede tardar años.
Esta operación está avalada por la Junta Asesora del Indert, que a pesar de los innumerables cuestionamientos terminó dando su visto bueno, volviéndose así cómplice de un posible daño patrimonial millonario.