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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se vio obligado a reconocer que el conflicto en torno a 171 hectáreas en Pindo’i, colonia Guahory, no compete a la institución.
Sobre el tema, el Indert dio a conocer un comunicado que expresa: “El conflicto de tierras suscitado en Pindo’i no está en el ámbito del ente agrario, ya que las 171 hectáreas en disputa entre campesinos y colonos brasileños no son de su propiedad”.
Las tierras que están invadidas son propiedades privadas, debidamente tituladas e inscriptas en los registros públicos.
El comunicado del Indert sostiene en forma maliciosa que existe “disputa entre campesinos y colonos brasileños”.
El 90 por ciento de las fincas ocupadas en forma ilegal por una turba de campesinos pertenece a ciudadanos paraguayos.
El mismo instituto agrario habla en su comunicado que “trabaja de forma ardua para garantizar la propiedad privada y cumplir con las familias rurales que tienen el derecho de acceder a la tierra y el desarrollo en sus respectivas comunidades, en el marco del estricto cumplimiento de la Ley”.
Ya no hay espacio para el diálogo
El nuevo titular del Indert, Horacio Torres Benítez, pretende crear en su entorno una imagen de funcionario que busca antes que nada el diálogo como mecanismo de solución.
En el caso de Guahory debe conocer primero los antecedentes antes de tomar posturas en torno al cumplimiento de la ley.
El Indert, con dinero del Estado paraguayo, compró dos fracciones para los campesinos de Guahory, un total de 2.500 hectáreas.
A esta superficie se suman diversos lotes adjudicados a familias campesinas en el marco de la reforma agraria.
¿Cuál es el problema social en Guahory si los campesinos tienen tierras?
Guahory, localizado en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, se convirtió en una cueva de delincuentes que, en nombre de la reforma agraria, están usurpando propiedades legítimas que no tienen ninguna relación con el Indert, tal como reconoció el mismo instituto.
Cumplir la ley implica devolver a los propietarios las tierras que compraron y garantizar la posibilidad de trabajar en paz.
Problema político
Sixto Pereira, del Frente Guasu, solicitó al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que la intervención de la Policía Nacional sea limitada en Guahory.
José “Pakova” Ledesma (PLRA) llega en forma regular a Guahory para expresar solidaridad con los invasores.
El intendente municipal de Tembiaporã, Sotero Cáceres (PLRA), habría ordenado la construcción de una fosa de tres metros de ancho y dos de profundidad para evitar el ingreso de maquinaria de los propietarios.
Guahory es un problema político. Aquí se enfrenta una dirigencia radicalizada que convirtió la delincuencia en un próspero negocio.
Enfrente están propietarios, con sus títulos en la mano, que no pueden disponer de sus tierras para trabajar. No es tema de modelo de producción; es una cuestión de delincuencia.
roque@abc.com.py