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Ambas cámaras del Congreso Nacional sancionaron dos proyectos de ley solicitados por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI). Uno de subsidio a deudas contraídas con entidades financieras, y otro de declaración de emergencia para reactivar la agricultura familiar campesina.
Las leyes sancionadas están a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación o para su objeción total o parcial. Integrantes de la CNI desde hace casi cuatro semanas vienen marchando y presionando por la plena vigencia de ambos proyectos.
“Yo creo que el problema no es solo de dónde saldrá el dinero. Acá el problema es la irresponsabilidad con que se legisla en el Paraguay”, respondió ayer el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) al ser consultado por este diario respecto a la sanción de una ley de subsidio de deudas de integrantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial.
Sostuvo que si los tomadores de decisión van a manejar con tamaña irresponsabilidad temas de este tipo, “estamos mal, porque no se discutió nada, se aprobó a tambor batiente”.
Indicó que lo aprobado por ambas cámaras del Parlamento “no es nada razonable ni sostenible”.
A su criterio, con la sanción de los proyectos de ley que pidieron los integrantes de la CNI, se crearon dos tipos de ciudadanos: “los condonados y el resto del Paraguay, el resto de los ciudadanos paraguayos. Eso es lo grave, no de dónde va a salir la plata”.
El dirigente gremial dijo que el daño a la institución y a la convivencia entre los paraguayos y el daño al tejido y a la economía es enorme.
“Acá se está comprometiendo el futuro de nuestros hijos. Si este va ser el estilo de la política sin ética que lleva a un populismo rampante, donde no se miden las consecuencias de cada acto y no se analiza concienzudamente las leyes que se van a promulgar, entonces estamos muy mal”, puntualizó Cristaldo.
Por otro lado, se preguntó cuánto le cuesta a un ciudadano común, de a pie, ganar G. 51 millones, “que ahora se va a dar alegremente. Con una estadía de tres semanas en la plaza, ya se les reparte. Hay gente que gana el (sueldo) mínimo y tiene que estar dos años y medio para ganar eso”.
De acuerdo a la ley sancionada, el Estado otorgará G. 51.000.000 a cada uno de los beneficiarios de la normativa sancionada por el Poder Legislativo.
“Entonces, se está siendo muy irresponsable, y creo que es hora de que reflexionemos en serio qué país estamos construyendo”, recalcó Héctor Cristaldo.