Cargando...
Macchi sentó postura en ese sentido sobre los dos proyectos impulsados por la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, y expresó la oposición del sector empresarial tanto al levantamiento del secreto bancario como al aumento de multas a ser aplicadas a los contribuyentes.
El empresario fue categórico al señalar que en el caso del proyecto de ley que incrementa las multas se debe ser razonable para no crear problemas a la economía, porque existen intereses contrapuestos. “Cuando yo participo de las multas estoy tentado a aplicarlas, creo que es un tema delicado sobre el cual debemos reflexionar”, indicó en referencia, aunque sin mencionar, a que la viceministra es la que aplica y cobra parte de esas multas.
A su criterio, las multas deben existir, estar ligadas al hecho y ser razonables para que no haya un incentivo a la corrupción. En ese contexto, se le preguntó si consideraba poco ética la conducta de la viceministra González, a lo que respondió que no podía juzgar su ética, pero que creía que se debe tener cuidado en este tema, porque hay conflictos de intereses desde el momento en que “estoy interesado en aplicar las multas”.
El titular de Asoban es partidario de que todos los sistemas de incentivos sean revisados permanentemente, porque “cuando son perversos inducen a comportamientos no deseados”. Por ello, sostiene que es de personas razonables revisar y “buscar lo mejor para la ciudadanía en general y no para alguna persona en particular”.
Con respecto al proyecto de levantamiento del secreto bancario, afirmó que desde el sector empresarial siempre defendieron la prejudicialidad, que implica que uno no puede ser condenado sino a través de un proceso judicial y con todas las garantías de la debida defensa.
Dijo que esto también se aplica al secreto bancario, un tema delicado que debe tratarse con mucha seriedad para no afectar las libertades de las personas y las garantías constitucionales.
Sostuvo que las facultades que otorga la ley de bancos a la SET son absolutamente suficientes, ya que prevén el levantamiento en el marco de una investigación y no por el hecho de que un funcionario quiera saber el movimiento de una persona.