Gobierno tendrá tope de ejecución del PGN 2018 por ser año electoral

El Ejecutivo presentará esta semana ante el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2018, que tiene la particularidad de que será ejecutada por el gobierno saliente de Horacio Cartes y el gobierno entrante que será electo en abril próximo. La ley de responsabilidad fiscal contempla para los años electorales un tope en la ejecución del gasto corriente para el gobierno saliente.

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El plan de gasto para el próximo año está prácticamente listo y los últimos detalles que faltan el Ministerio de Hacienda lo estaría definiendo entre hoy y mañana, para luego poner a consideración del Congreso el PGN, ya que el plazo vence el viernes 1 de setiembre.

Como anticipo a la presentación del referido proyecto, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, envió una nota a todas las autoridades de entes públicos, senadores y diputados, pidiendo ayudar al gobierno entrante a recibir una casa ordenada y con un buen horizonte.

La solicitud obedece a que el presupuesto 2018 será la herramienta que utilizará el actual gobierno de Cartes y luego el gobierno que asumirá en agosto del año que viene. Aún cuando la ley de responsabilidad fiscal establece un tope de gasto en años electorales, la ministra sostiene que la responsabilidad de las autoridades es mayor porque el compromiso de gastar mejor se tiene con el pueblo.

En años electorales la ley de Responsabilidad fiscal impone un límite para la ejecución del gasto corriente, teniendo en cuenta precisamente que será ejecutada por dos gobiernos. En su artículo 9º, establece que en años de elecciones generales y municipales, el gasto corriente primario de la administración central entre los meses de enero y julio no será mayor al 60% del presupuesto aprobado para ese año, excluyendo al Poder Judicial de esta restricción.

Entre los puntos principales del plan de gasto 2018, se conoce que se reajusta el sueldo mínimo fijado por ley y que no incluye aumento salarial general para funcionarios; se potencian los gastos sociales (tekoporã, adultos mayores, entre otros) y se prevé una nueva emisión de bonos por unos US$ 600 millones, la mayor parte para “bicicletear” la deuda y el resto para inversiones en infraestructura.

La ley de presupuesto vigente asciende a G. 66,3 billones (US$ 11.800 millones) sin incluir las ampliaciones, la misma que rigió el año pasado y que continúa porque el Ejecutivo vetó el presupuesto 2017 aprobado por el Congreso. Técnicos indicaron que el PGN 2018 sería similar al proyecto que había sido presentado en 2017, cuyo monto sumaba G. 69,1 billones (US$ 12.350 millones).

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