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El plan del Poder Ejecutivo es llevar el límite del déficit fiscal de 1,5% del PIB a 2,5%, de modo a que en los periodos de recesión económica se pueda aumentar el nivel de endeudamiento para invertir más y dinamizar la economía.
De acuerdo a lo señalado por Larraín en conferencia de prensa, hoy el tope de 1,5% es muy expansivo en periodos de bonanza económica, pero se transforma en un freno adicional en periodos de recesión porque para cumplir con el tope se deben recortar los gastos.
Larraín aseguró que la ampliación del déficit se plantea que entre en vigencia recién para el presupuesto 2019, cuya ejecución estará a cargo del nuevo gobierno que asumirá en 2018.
Esto obedece, según indicó, a que para el presupuesto 2018 no se alcanzará y para evitar suspicacias respecto a que se busca crear más espacio de gastos para las próximas elecciones.
El exministro de Chile señaló que el proyecto de ley plantea el déficit estructural como tope, que se calcula en base al ingreso a largo plazo del país y esto le dará un mayor espacio fiscal.
El ejercicio pasado cerró con un déficit de 1,5% del PIB, que representa unos US$ 411 millones; de aumentarse el tope a 2,5%, el monto llegaría a unos US$ 685 millones (diferencia que se financia con deuda).
Antecedentes
El gobierno en 2015 abrió la posibilidad de solicitar al Congreso suspender el artículo de la ley de Responsabilidad Fiscal que establece el tope de déficit de 1,5% del PIB, para ampliarlo a un máximo de 3% con el argumento de una mayor inversión pública. Sin embargo, no se concretó debido a la fuerte oposición de los diversos sectores.
El año pasado volvió a insistir en el tema y anunció la presentación de un proyecto de ley de modificación del déficit, pero luego también lo descartó porque consideró que no existían condiciones para su aprobación en el Parlamento.
En principio, son tres proyectos de ley que serán remitidos al Congreso: la modificación de ley de Responsabilidad Fiscal, la creación del Consejo Asesor Fiscal, que funciona por decreto del Ejecutivo; y la creación de un Fondo Soberano. En este último se conformará con una parte de los ingresos que vendrán de Itaipú en 2023, de unos US$ 1.000 millones. “La idea es evitar que se gasten en cualquier cosa”, puntualizó Larraín.