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“Nuestra administración está comprometida con la transparencia y honestidad para cumplir con la gente en la entrega de los títulos de propiedad”, dijo en la víspera el Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti.
El alto funcionario del Gobierno hizo esta declaración en el marco de entrega y firma de 116 títulos de propiedad en el departamento de Alto Paraná.
Unas 18 familias rurales recibieron de manos de Ramírez Montalbetti sus documentos, convirtiéndose en propietarias legales de sus tierras. Entretanto, firmaron sus respectivos títulos otras 116, provenientes de los distritos de Domingo Martínez de Irala, Hernandarias, Itakyry, Juan León Mallorquín, Juan E. O’leary, Los Cedrales, Mbaracayú, Minga Guazú, Minga Porã, Naranjal, Santa Fe del Paraná, San Alberto, San Cristóbal, Santa Rita, Tavapy e Iruña.
Ramírez Montalbetti resaltó el trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Catastro (SNC) dependiente del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), del Poder Judicial, para “superar los problemas y finiquitar los títulos. De esta forma, los títulos están debidamente tramitados y salen limpios sin que haya complicaciones como la superposición de títulos”.
Las manifestaciones del también ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción aparecen justo después de que el Indert rescindiera el contrato con Adepo para la ejecución del censo rural tras las sospechas en el manejo de los G. 7.500 millones desembolsados en una primera etapa y administrados por la ONG.
Al respecto, es importante señalar que el Indert apunta a continuar el referido censo rural con los funcionarios de la institución, lo cual no está bien visto por varios sectores que aseguran que no se pueden garantizar los trabajos de la misma gente que genera los problemas en las colonias para luego “vender” soluciones.
Detractores
Cabe mencionar que apenas surgió el escándalo del censo rural, salieron a manifestarse los detractores del proyecto conjunto entre el Indert y la Adepo. En efecto, la Mesa de Desarrollo Sostenible, coordinada por el cuestionado expresidente del Indert, Dr. Alberto Alderete, e integrada por el Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa (SEPA), Coordinación Nacional de la Pastoral Indígena (Conapi), Servicio Jurídico Integral Para el Desarrollo Agrario (Seija), Centro de Capacitación de Desarrollo Agrícola (CCDA), Centro de Educación, Comunicación y Tecnología Alternativa (Cectec), Radio Viva 90.1 FM, Pastoral Social de Coronel Oviedo, Pastoral Social de Encarnación, Pastoral Social de Misiones, Pastoral Indígena de Canindeyú, Pastoral Indígena de Tavaí-Caazapá y Pastoral Social de San Pedro del Paraná, exigen la eliminación del proyecto.
“Nos extraña sobremanera que el presidente del Indert siga diciendo que el censo continuará, a pesar de una total incongruencia técnica, administrativa y designando como nuevo responsable a Julio Brun, un funcionario incompetente y ligado a la época más negra del IBR cuando se tienen que desembolsar todavía casi G. 11.000 millones”, dice un comunicado de la Mesa.