Cargando...
Mabel Rehnfeldt consultó al fiscal Merlo sobre la situación legal que plantea la modificación de una ley por la vía de un decreto, y sus consecuencias legales.
La respuesta del agente del Ministerio Público fue la siguiente: “Creo que lo grave en este caso es que se tengan funcionarios públicos que están avalando decisiones que están al margen de la ley”.
Agregó que “la Contraloría General de la República tiene la potestad para intervenir en este caso; es la responsable de realizar un análisis de gestión en las instituciones públicas, como es el caso de la Secretaría del Ambiente y el Instituto Forestal Nacional”.
“De las auditorías tienen que salir las recomendaciones para implementar correcciones; de hecho, esta es la esencia de la Contraloría”, agregó.
Dijo, además, que “si resaltan cuestiones que van contra la ley o que pudieran constituir acciones u omisiones de los funcionarios públicos, que generen daños ambientales, los antecedentes tendrían que ser remitidos al Ministerio Público”.
Volvió a insistir en que “los funcionarios públicos no pueden dar una suerte de aval a la violación de la ley”.
El programa “A la gran 730” es conducido por Federico Arias, Rubén Darío Orué, Pablo Guerrero y Mabel Rehnfeldt.