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La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) comisionó el año pasado a su funcionaria contratada Ana Beatriz Arréllaga Martínez a cumplir funciones en la Secretaría de Acción Social (SAS).
Arréllaga Martínez, que ingresó a la telefónica estatal en el 2005, percibe su salario de G. 5.280.000 al mes como analista de sistemas y también cobra en la SAS un salario de G. 7.036.000, como titular de la Dirección de Gestión y Desarrollo.
La Constitución Nacional prohíbe la doble remuneración, así como la Ley de la Función Pública, pero en el caso de las empresas públicas argumentan que se trata de sociedad anónima, regida por las normas del ámbito privado, aunque el 100 por ciento de sus acciones pertenezcan al Estado, y además sus gastos no están incluidos en el Presupuesto General de la Nación.
Alfredo Moreira es otro analista de sistema de Copaco comisionado a otra institución. Figura en la nómina de funcionarios de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics). Solo percibe el sueldo de la Copaco de G. 13.000.000 al mes.
Además de Moreira y Arréllaga, otros ocho funcionarios de la telefónica del Estado están cumpliendo funciones en otras instituciones públicas. En la página web de las instituciones no se publica la nómina de comisionados.
Es el caso de Arnaldo Penayo, que en 2016 cumple funciones en Diputados. Su sueldo en Copaco es de G. 4.560.000.
Tampoco figuran Carlos López (gana G. 7.496.000) y William Rodríguez (G. 2.880.000). Ambos supuestamente cumplen funciones en la Procuraduría General.
Rocío Morales Bueno es otra analista de sistema de Copaco comisionada a otro ente. Su salario es de G. 11.680.000. Cumple funciones en Petróleos Paraguayos (Petropar). Esta institución es otra que no publica en su web el listado de funcionarios comisionados.
Rubén Aguilar, comisionado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), no aparece en la web de ese organismo. Su salario en Copaco es G. 8.144.000.
Silvana Fretes, que fue a la Municipalidad de San Lorenzo; Teodoro Salas, a la Facultad de Politécnica, y Roberto Escobar, al Consejo de Defensa, tampoco figuran en esas instituciones.
Desprolijidad en listados
Existe mucha desprolijidad en las instituciones públicas sobre los funcionarios comisionados de una entidad pública a otra.
En el caso de la Copaco ni siquiera figuraban en forma discriminada las personas que están cumpliendo funciones en otras entidades y tampoco las que fueron trasladadas a la misma.
Recién ayer, luego de que nuestro diario consultara en Copaco sobre los comisionados, Talento Humano publicó la lista de sus funcionarios que prestan funciones en otros entes, detallando nombres, salario y ente de destino. La omisión de este tipo de datos no permite control ciudadano sobre las personas a las que paga el salario.