Función Pública denuncia cobros por “ayuda social”

La Secretaría de la Función Pública (SFP) pedirá a la Secretaría Anticorrupción que investigue a los funcionarios públicos que recibieron ayuda social del Estado.

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La denuncia será presentada hoy ante la referida Unidad de investigación e incluso prevén hacer la misma presentación ante la fiscalía. Así lo anunció la ministra de la Función Pública, Nuria Isnardi.

De acuerdo con un cruce de datos sobre la situación de los funcionarios públicos, la SFP descubrió recientemente que un total de 2.036 empleados estatales estaban recibiendo ayuda estatal en diferentes programas sociales. De esta cantidad, 1.769 son funcionarios permanentes mientras que 267 están en condiciones de contratados.

Los datos, obtenidos mediante el Registro Único de Información Social (RUIS), permitieron descubrir además que el Estado brinda ayuda social (ya sea subsidio, programas de ayuda social, entre otros) a un total de 515.327 personas. Es decir, esta es la cantidad que figura dentro de la RUIS. De esta cifra salta otro dato llamativo; 350.005 registrados ni siquiera tienen cédula de identidad.

Isnardi dijo ayer que la SFP solo tiene los datos respecto a quiénes fueron los funcionarios que recibieron la ayuda social y que los organismos de control deberán determinar qué medidas tomar en contra de estos empleados estatales. Indicó, no obstante, que de oficio se puede iniciar un sumario en contra de ellos.

52.000 nuevos funcionarios

De acuerdo con un informe de la SFP, durante los casi cinco años del gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco el aparato estatal se incrementó con la incorporación de otros 52.000 funcionarios. De esta cantidad, unos 50.000 empleados ingresaron durante los casi cuatro años que Lugo estuvo como presidente de la república, mientras que los 2.000 restantes entraron ya con Franco como titular del Ejecutivo, a partir de finales de junio de 2012.

Actualmente, el Estado paraguayo tiene, con estos nuevos ingresantes, cerca de 250.000 funcionarios registrados, sin contar con las entidades binacionales, que no informan sobre la situación de sus empleados a la SFP.

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