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Cabe señalar que, el lunes último, el presidente Federico Franco destituyó al ahora exdirector del INTN Luis Morínigo a raíz de la grave denuncia hecha por este de que Petropar, bajo la presidencia de Sergio Escobar, desde enero pasado venía vendiendo gasoíl con alto contenido de azufre, según resultados de análisis realizados por el Instituto, justamente bajo el mando de Morínigo.
Tras la destitución de Morínigo, el MIC nombró de inmediato a Mario Leiva, quien desde el 2009 venía siendo denunciado por los propios sindicatos de trabajadores del INTN de innumerables irregularidades que hasta hoy no fueron aclaradas por este funcionario defenestrado por el propio Franco, quien simplemente prefirió confirmar a la opinión pública que Escobar es un protegido suyo.
En la carta del 3 de julio del año pasado, los sindicatos enumeraron al Presidente algunas de las siguientes “perlas”: autoasignación de salarios, y para un entorno de cinco personas en más del 300%; retiro ilegal de combustibles por G. 50.000.000, 30 días antes del llamado a concurso de precios; violación de la Ley 1626/00 a través del nombramiento de funcionarios sin la antigüedad mínima de dos años.
Además, despido injustificado de un funcionario que concursó con “excelente calificación”, y nominación de una persona que no pasó el examen exigido por la Ley de la Función Pública; reportes contables emitidos por el INTN no contienen datos precisos para la identificación de las obligaciones contraídas; el Departamento de Contabilidad de la institución, tras una auditoría por la Contraloría General de la República, no fue capaz de realizar la composición de las cuentas solicitada por los auditores.
Igualmente, incumplimiento de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, ya que el contrato suscrito para la provisión de combustibles no especificaba el valor de cada instrumento, como vales, cupos, etc. De acuerdo a la denuncia, durante la administración de Leiva el INTN cedió cupos de combustibles para usos en vehículos particulares, sin ninguna justificación ni órdenes de trabajo; los montos consignados en la ejecución presupuestaria como pagado, emitidos al Ministerio de Hacienda, no coincidían con los documentos respaldatorios.
Además, realizó supuestos pagos por membresías a organismos internacionales, sin las facturas correspondientes; falta de resoluciones para la realización de cobros por servicios, bajo el concepto de verificaciones y fiscalizaciones; los depósitos realizados por cobros de servicios prestados fueron realizados por funcionarios luego de lo dispuesto en la Ley N° 1535/99 de la Administración Financiera; llamativa disminución de multas, etc.