Cargando...
En la segunda quincena de marzo, el fiscal del Ambiente Carlos Rojas inició su intervención en el caso de la extracción de tierra del Silvio Pettirossi, y desde entonces tomó declaración testifical a unas 10 personas, pero hasta ahora no hay un solo imputado.
Los trabajos de excavación fueron planeados por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), cuyo titular es Carlos José Fugarazzo, sin contar con medidas de mitigación, en connivencia con la propia Secretaría del Ambiente (Seam).
La excusa para realizar estos trabajos fue la supuesta necesidad de desviar el arroyo Itay para alejarlo de la pista de aterrizaje, y evadieron la evaluación de impacto ambiental argumentando “defensa nacional”. Más allá de este argumento tomado de los pelos, lo cierto y concreto es que se extrajeron más de 150.000 metros cúbicos de tierra del aeropuerto, poniendo en riesgo a los vecinos de la zona y afectando negativamente al ambiente.
Tras el inicio de la investigación fiscal, la obra fue finalmente paralizada por orden de la misma Seam, porque supuestamente los trabajos realizados por Dinac no se ajustaron al permiso concedido. Sin embargo, documentos que obran en la Fiscalía y declaraciones testificales de los involucrados revelan la connivencia entre ambas instituciones.
Según el fiscal, se aguarda que el Poder Ejecutivo envíe un documento utilizado por Dinac y Seam para justificar las obras. Se trata del decreto que dispone traspasar la propiedad del predio del aeropuerto a la Fuerza Aérea.
Pero, según fuentes extraoficiales de Seam, habría presiones políticas para que el fiscal no haga imputaciones en el caso investigado. De hecho, el fiscal adjunto que sigue el caso, Jorge Sosa, es de extracción liberal, al igual que varios de los presuntos responsables del hecho que se investiga.
ABC intentó hablar con Sosa, pero este no respondió las llamadas ni el mensaje de texto que le enviamos.
Rojas niega
Consultamos al fiscal Rojas si él recibió algún tipo de presión y aseguró que no. Insistimos en por qué hasta el momento no hubo un solo imputado, teniendo en manos todas las pruebas sobre el delito ambiental, y respondió que con cada declaración testifical surgen nuevos datos y que la idea es tener todos los elementos.
Insistimos sobre si no hay cuestiones políticas de por medio que estén perjudicando la parcialidad de la investigación y respondió que no. Alegó que aún no hay imputaciones porque la fiscalía quiere cerrar el círculo de la investigación, ya que además de delito ambiental, en este caso también podrían configurarse otros hechos punibles.
Según fuentes cercanas a la Seam, que pidieron el resguardo de identidad por temor a represalias, el fiscal adjunto estaría vinculado a Daniel González, director de Recursos Hídricos de dicha secretaría y uno de los supuestos principales involucrados en el caso.