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La denuncia contra el exdirector argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Óscar Thomas, por supuestos hechos punibles contra el patrimonio, fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 24 de octubre por Enrique Cáceres Rojas, quien ejerció la dirección del ente en representación de nuestro país entre diciembre de 2011 y agosto de 2013; sin embargo, hasta ayer el titular de la Unidad de Delitos Económicos, Federico Espinoza, no sabía si admitirían o no la denuncia y solo se limitó a darla a conocer a la fiscala Claudia Morys, quien tiene a su cargo la causa contra Cáceres Rojas y el exasesor jurídico de la EBY Agustín Saguier.
La fiscala Morys y su colega María Victoria Acuña presentaron el 29 de octubre pasado una acusación por lesión de confianza contra los exdirectivos de la EBY y contra otras siete personas que, supuestamente, recibieron pago irregular de indemnizaciones.
En su acusación, las agentes del Ministerio Público sostienen que los pagos de las indemnizaciones fueron realizadas con fondos de la EBY a personas físicas o jurídicas que habían sido supuestamente afectadas por la pérdida definitiva de su actividad económica o productiva, a pesar de que esos conceptos se encuentran prohibidos por la legislación y las normas internas de la entidad.
Sin embargo, entre octubre de 2012 y enero de 2013 el Comité Ejecutivo de la EBY, integrado por el entonces director argentino Óscar Thomas y el paraguayo Enrique Cáceres Rojas, basado en dictámenes del asesor jurídico Agustín Saguier, autorizó tres pagos en concepto de rehabilitación social: el primero, a la firma OK SRL, por G. 3.600 millones; el segundo, por el mismo monto (G. 3.600 millones), a la afectada de nombre Carmen de la Cruz Benítez y el tercero a favor de Ana M. Cherañuk de Bottger, por G. 2.660 millones, totalizándose un perjuicio de G. 9.350 millones.
Además de Cáceres Rojas y Saguier fueron acusados también Rubén Darío Paredes Escobar, Mariela A. Vázquez Perret, Walter René Rotela López, Mirna Tomasa Ortiz Goldner, Arsenio Ferreira Gutiérrez, Ana María Cherañuk y Carmen Benítez Ruiz Díaz.
Carece de fundamento
Consultado al respecto, Cáceres Rojas explicó que las indemnizaciones cuestionadas siempre fueron atendidas y se siguen teniendo en cuenta en la EBY a través de diferentes marcos regulatorios o acuerdos con la propia comunidad y sus representantes u organizaciones de la Sociedad Civil de las zonas afectadas por la construcción del embalse. “Me dicen que a la fecha incluso siguen atendiendo reclamos de afectados por más de 50 millones de dólares, porque así lo determinaron los dueños de la empresa llamada Yacyretá, léase las Altas Partes, los Gobiernos de Paraguay y Argentina”, explicó.
Sobre la denuncia contra Thomas aclaró que bajo ningún sentido significa que admite como ciertos los hechos investigados en la causa penal que se le sigue. “Jurídicamente a nadie escapa que en caso de existir responsabilidad de uno de los directores no puede desconocerse la responsabilidad del otro director e incluso Thomas, al ostentar el rango de director ejecutivo, posee un mayor grado de poder de decisión, por lo cual su exclusión del proceso, es arbitrario e ilegal”, explicó.
UN CASO CON TINTE POLÍTICO
Por su parte, el exasesor jurídico de la EBY, Agustín Saguier, también acusado por la fiscalía, sostuvo que existe un trasfondo político en el caso y tiene que ver con la posición crítica asumida por su padre el senador del PLRA Miguel Abdón Saguier, quien es uno de los que más cuestiona al Gobierno. Para Saguier, lo más llamativo de todo es que los mismos denunciantes –en referencia a la actual administración de la EBY– aprobaron la gestión durante los años en que se ejecutaron los pagos denunciados, puesto que ni los balances ni las auditorías externas de esos años revelan daño patrimonial alguno a la entidad binacional.