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Luego de las publicaciones sobre la depredación en la Reserva del Mbaracayú, la Unidad Técnica Ambiental del Ministerio Público elevó un informe sobre “Tala de árboles” al agente fiscal de Curuguaty, Jalil Rachid.
El responsable del informe es el Ing. Ftal. Luis Camilo Martínez Colmán, del departamento de Efectos Ambientales de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales de la Fiscalía.
En el documento se menciona que una comitiva fiscal recorrió el lugar denominado Horquetamí, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, propiedad en litigio judicial entre la familia Fernández Moraga y la Fundación Moisés Bertoni, con el objeto de verificar el presunto hecho punible contra el medio ambiente (tala de árboles).
Una vez en el lugar, acompañados de los guardabosques de la Fundación Moisés Bertoni, llegando a las coordenadas X: 671.242 Y: 7.331.251 (lugar actualmente usurpado por los Fernández) se constata la apertura de picadas y construcción de alambrados de aproximadamente 500 metros de longitud, como también la mecanización de suelos con reimplantación de pasturas exóticas para uso pecuario, sostiene el informe.
Añade que en otro lugar se observa otra limpieza con formación de escollera, producto de los restos de vegetales que existían en el lugar, de un área que correspondía a pastura enmalezada.
Dentro de las conclusiones se menciona que de lo constatado in situ y corroborado con imágenes satelitales, la instancia técnica manifiesta que en la propiedad en cuestión se ha venido realizando la habilitación de suelos a expensas del bosque nativo en un área de 36 hectáreas. Finaliza el informe diciendo que la Ley Nº 112/91 declara la Reserva del Mbaracayú como Reserva Natural a perpetuidad, igualmente la Unesco la declaró como Reserva de Biosfera y la habilitación mencionada perjudica la integridad ecológica de dicha área protegida.
Por tal motivo, el fiscal Jalil Rachid estaría en la fecha imputando a los hermanos Fernández que recordemos, cuentan con la “protección” del miembro de la Corte, Dr. Víctor Núñez, según había denunciado el Dr. Eduardo Bernal, senador por el Parlasur y asesor legal de la Fundación Moisés Bertoni.
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