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La causa en la que fue denunciado el exdirector argentino Óscar Thomas lleva el número 118/2016 y, según se informó, fue asignada al fiscal René Fernández. Asimismo, el agente tendrá a su cargo la investigación de la causa promovida contra la administración de Juan Schmalko, donde también estaba Thomas como integrante del Comité Ejecutivo de la EBY.
En el primer caso, Thomas fue denunciado por el exdirector paraguayo Enrique Cáceres Rojas por supuesta lesión de confianza contra el patrimonio de la entidad binacional. Se trata del caso por el cual el mismo Cáceres Rojas ya se encuentra acusado junto con otros exdirectivos de la EBY, por pagos autorizados por el Comité Ejecutivo de la EBY y efectuados en concepto de rehabilitación social entre octubre de 2012 y enero de 2013 a favor de la firma OK SRL, por G. 3.600 millones; el segundo, por el mismo monto de G. 3.600 millones, a favor de otra afectada de nombre Carmen de la Cruz Benítez, y el tercero, a favor de Ana María Cherañuk de Bottger, por G. 2.660 millones. Precisamente, el fiscal Fernández había iniciado la investigación sin incluir al director argentino; mientras que, según Cáceres Rojas, jurídicamente, “a nadie escapa que en caso de existir responsabilidad de uno de los directores, no puede desconocerse la responsabilidad del otro, y Thomas, al ostentar el rango de director Ejecutivo posee incluso un mayor grado de poder de decisión, razón por la cual su exclusión del proceso fue arbitrario e ilegal”, explicó el denunciante.
Pagos de ayuda social
La otra denuncia por lesión de confianza contra el patrimonio de la EBY fue radicada por los abogados Mirna Ortiz Goldner, Arsenio Ferreira Gutiérrez y Rubén Darío Escobar. En la misma, sostienen que en el periodo 2013-2015, bajo la administración de Schmalko y Thomas, la EBY dio curso favorable a un gran número de solicitudes de “ayuda social” presentadas por personas que forman parte de sectores supuestamente afectados por las obras de la represa. En el escrito se observa que el Comité Ejecutivo de la EBY emitió al menos diez resoluciones autorizando pagos de indemnizaciones a 5.775 beneficiarios de diferentes sectores, por más por más de G. 26.172 millones.
Según se indica en la denuncia, estos pagos de EBY resultan incoherentes, contradictorios y hasta risibles, ya que el propio Schmalko fue el impulsor de denuncias de supuestas irregularidades imputadas a los anteriores administradores por hacer exactamente lo mismo.