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La Fiscalía allanó el local de la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (Adepo), fundación que había sido contratada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para administrar los fondos del Programa de Regularización Jurídica de la Tenencia de la Tierra. El convenio con la organización fue rescindido por la actual administración del Indert, a cargo de Juan Carlos Ramírez Montalbetti, tras una auditoría parcial que detectó una series de irregularidades.
El procedimiento fiscal-judicial, ordenado por el juez Hugo Sosa Pasmor, estuvo encabezado por la fiscala Victoria Acuña y contó con el acompañamiento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
La fiscala Acuña sostuvo que el procedimiento se realizó tras la denuncia de irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto de censo y regularización de tierras, que comenzó bajo la presidencia del anterior titular del Indert, Luis Ortigoza. “Lo que hicimos fue llevar toda la documentación para verificar en qué y cómo se utilizaron los G. 7.500 millones que el Indert había entregado a la organización como primer desembolso para el desarrollo del programa”, destacó.
Por su parte, el asesor jurídico de la Senac, Alejandro Nissen, dijo que “se llegó a esta instancia ante la imposibilidad de que las actuales autoridades del Indert accedan a los documentos originales contables respaldatorias del desembolso de G. 7.500 millones que realizó el Estado a la Adepo, a través de un convenio, con el objetivo de censar a la población rural”, afirmó.
Recordemos que el Instituto había presentado días atrás una denuncia formal a la Fiscalía por irregularidades cometidas por la ONG.
En la auditoría parcial llevada a cabo por el Indert a la Adepo reflejó “situaciones irregulares muy llamativas, donde aparentemente estaríamos hablando de hechos punibles contra el patrimonio del Indert, como la producción de documentos no auténticos y lesión de confianza, en el caso de que estos documentos no respalden verdaderamente los gastos incurridos”, comentó el abogado Nissen.