Participaron de la intervención el fiscal del crimen Víctor Hugo Alfieri, funcionarios del Centro de Investigación Judicial, efectivos de la Comisaría 6ª y el presidente de la Copaco, Juan Francisco Godoy, además de una delegación de funcionarios técnicos de la institución.

El allanamiento fue planificado luego de que la Copaco haya recibido una denuncia de la Embajada de Colombia por los serios inconvenientes que tuvieron en las comunicaciones con la Cancillería de ese país durante la última cumbre de presidentes que se efectuó en nuestra capital.

Directivos de la Copaco ordenaron la investigación del caso y se verificó que las llamadas internacionales que recibió la Embajada no pasaban por la central de Copaco, sino que salían del edificio mencionado.

De esta forma, se empezó a controlar las 25 líneas asignadas a la empresa Guaraní Net SA, con permiso para explotar servicio de Internet y cuyo director es el uruguayo Guzmán Blixen Zaffaroni, y se constató que el tráfico de llamadas locales salientes de la empresa era muy alto para la clase de negocio.

Se solicitó entonces la intervención de la justicia y con una orden de allanamiento se ingresó al local no sin antes tratase de impedir y obstaculizar en todo momento el procedimiento judicial una tal Graciela Marina García (también de nacionalidad uruguaya), quien dijo ser ama de casa, aunque las evidencias encontradas en el lugar (fotos y contratos de pólizas a su nombre) harían suponer que sería algo más que eso.

Luego de forzar la puerta de una de las piezas llaveadas, se encontró un equipamiento completo como para una central de llamadas internacionales y prácticamente nada para el servicio de internet. Ruteadores de llamadas, convertidores de voz sobre internet (VoIP), medidores de tráfico y una instalación con cables UTP categoría 5 capaz de transmitir señales de hasta 100 Mb. Un rack con 36 puertos con capacidad de aumentar a 47, capaz de simular toda la central internacional de Copaco e incluso con terminales celulares que servían para desviar las llamadas internacionales hacia los teléfonos móviles.

Los equipos fueron incautados para su peritaje y posteriormente se determinará la culpabilidad o no de los responsables, dijo el fiscal Alfieri. Es la primera vez que se interviene una oficina similar con evidencia plena de las irregularidades. El perjuicio económico para la Copaco oscila entre 70.000 y 100.000 dólares mensuales, apuntó Juan Godoy, presidente de la telefónica.