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La representante de la empresa San Agustín, Ana María Morel, entregó ayer al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, la escritura de renuncia por G. 12.000 millones que le faltaba recibir por la polémica venta de tierras ubicadas en la zona de Cordillera.
El acto se llevó a cabo en el ente agrario, con la presencia del gobernador de Cordillera, Carlos María López; el intendente municipal de Tobatí, Dan Alberto González; y los representantes campesinos Alfredo Ayala (colonia Santa Librada), Rody Ortiz (colonia Villa Flor) y Ever Pérez (asentamiento Coronillo), entre otros.
Cárdenas dijo que el gesto será estudiado por el cuerpo consultivo del Indert y que, de ser aprobado, no implicará ningún tipo de reconocimiento, porque paralelamente el hecho sigue un proceso judicial.
Explicó que las tierras de San Agustín están ocupadas en un porcentaje importante por ciudadanos que no califican como beneficiarios de la reforma agraria.
“Vamos a pedir al Congreso, como se hizo con Antebi Cue, una ley especial que nos permita vender a los campesinos que están allí a precio fiscal, con el descuento del 20%; mientras que en algunos casos se va a vender al precio de mercado”, expresó.
Antecedentes
La propiedad San Agustín fue ocupada en 1995 mediante una ley de expropiación, que fue judicializada y en el 2004 dejada sin efecto. Por lo tanto, no puede ser tomada como una colonización de hecho. En las 5.742 ha de San Agustín viven 500 familias en cuatro asentamientos, que cuentan con caminos y escuelas que construyó el entonces IBR.
Más recientemente, en 2013, el Indert, bajo la presidencia de Luis Ortigoza, pagó G. 46.884.846.163 por la propiedad perteneciente a San Agustín SA, en la que uno de los accionistas es Lidio Oviedo Moreno, padre del entonces senador oviedista Jorge Oviedo Matto.
El pago se hizo en la semana que Unace y el partido del gobierno de entonces, el PLRA, reiniciaron negociaciones para buscar el apoyo del oviedismo a la candidatura de Efraín Alegre a la presidencia de la República.
Fiscalía pidió juicio oral
El pasado 8 de abril la fiscalía pidió juicio oral y público para el diputado liberal Milciades Duré, el extitular del Indert Luis Ortigoza y Arnaldo Jara, exadministrador de la firma San Agustín, vinculada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto. Además fueron incluidas otras cinco personas. Los otros imputados son el exconsejero Justo Gamarra, la escribana Martha Roa, los peritos Víctor Luis Blanco Samudio y Mario Echeverría. El cargo es por lesión de confianza.
El fiscal destacó que la compra de las 5.742 ha debió realizarse conforme a la Ley 622/60 (De colonización y urbanización de hecho), que toma en cuenta el valor fiscal de los últimos 15 años.
Si se tomaba en cuenta el valor fiscal durante ese tiempo, el costo de las tierras iba a ser de solo mil millones de guaraníes, mientras que el negocio se cerró por G. 60.000 millones.