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Si no obtiene el financiamiento se le cobrarán multas por cada mes de retraso. Y si la falta de aseguramiento es definitiva, se debe ejecutar una póliza de US$ 36 millones. Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe), explicó que la obra sería financiada en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en otra parte a través de la emisión de bonos por parte del consorcio, tal como se está financiando la duplicación de un tramo de la Ruta VII, a cargo del consorcio Tape Porã, que en este gobierno obtuvo que se le renovara la concesión.