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Consideró que la ley actual es mucho más moderna y efectiva, si se cumpliese, ya que penaliza con fuertes multas el delito ambiental y por lo menos con ese dinero se podría reponer el daño ocasionado, mientras que el proyecto de ley de tipo penal encarcelaría al individuo y con eso solo aumentarán los presos en las cárceles. Añadió que son múltiples las leyes que sancionan los delitos ambientales y el único problema es que no se cumplen.
Para el dirigente maderero, el referido proyecto presentado dice lo mismo que otras leyes ya existentes, pero a diferencia de las demás, en esta, prácticamente se condena y se criminaliza toda la actividad forestal.
“Imagínense, hasta el que está techando su casa puede ir preso con esta ley si no cuenta con los permisos expedidos por Seam”, aseveró.
Por otro lado, indicó que la informalidad forestal hoy día es ínfima y en la mayoría de los casos se da en los parques como Paso Bravo, San Rafael o con algunos robos en propiedades privadas. “En el caso de Paso Bravo hoy es un campo de pastoreo y la reserva San Rafael fue expropiada, pero jamás se pagó a sus verdaderos propietarios. Seguimos sosteniendo que cualquier robo es condenable, incluso el robo de una gallina”, argumentó.
Cambio de uso
Según Altieri, el bosque no desaparece porque las industrias madereras utilicen árboles maduros para transformarlos en techos, muebles, pisos o papel, sino es el producto del cambio de uso del suelo. “Eso lo sabe cualquier persona medianamente inteligente”, puntualizó.
Dijo que a diferencia de la visión que tenemos de la actividad forestal en nuestro país, los europeos recomiendan combatir el cambio climático con el uso de la madera. “Lo hacen porque saben que la madera es térmica y ahorra energía, retiene el anhídrido carbónico secuestrado en su estado de árbol y solo libera el anhídrido en el caso que el producto industrializado sea quemado”, acotó.
“Si se llega a aprobar podría también significar el fin de los bosques en Paraguay, ya que perdería totalmente su valor comercial y ya nadie querrá conservarlo. Además, podría constituirse en una nueva herramienta de extorsión para que los funcionarios corruptos no cumplan con su trabajo”, vaticinó