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Rubén Vázquez, Justo Pastor Molas, Emilio Toledo y Javier Goldenberg durante una visita realizada ayer a ABC Color señalaron que la falta de pago por parte del Estado está llevando a varias pymes a un colapso financiero, lo que pone en riesgo las fuentes de trabajo que tiene el sector.
Explicaron que la Capep reúne a empresas del rubro ferretería, electricidad, elementos de limpieza, papelería, útiles de oficina, insumos de informática, talleres mecánicos, entre otros, todos con problemas para cobrarle al Estado por los contratos.
Apuntaron que ante la falta de pago decidieron conformar la cámara e invitan a todas las empresas del país a unirse y defender los derechos de las pequeñas pymes en la ejecución de los contratos que tienen con las instituciones públicas.
Vázquez dijo que se estima por lo menos que la deuda con las pymes es de 2.000 millones de guaraníes (US$ 448.000) y que la situación preocupa porque pasa el tiempo y el problema no tiene visos de solución, teniendo en cuenta que las instituciones públicas se “tiran la pelota”.
Cuando se reclama a las entidades culpan al Ministerio de Hacienda por la falta de transferencia de fondos, pero Hacienda dice que no puede pagar porque las entidades no presentaron la solicitud de transferencia de recursos (STR), indicó Toledo.
Se agrava con decreto
Apuntaron que la situación se agrava porque las deudas que no tienen STR ya no pueden reprogramarse para su pago en lo que resta del año, debido a las restricciones establecidas en el Decreto N° 469 dada a conocer el pasado mes por el Poder Ejecutivo, por el cual se ajustan los gastos a ser financiados con recursos genuinos. Además, agregaron esto hace que tampoco puedan entrar como deuda flotante para su pago en el próximo año.
Vázquez expresó que Hacienda aparentemente no conoce el tamaño de las deudas no obligadas de fuente 10 (recursos del tesoro) de las diferentes entidades públicas, por lo que la Capep solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que emita una resolución similar a la 389/08, que obligaba a las entidades a comunicar en un plazo corto el detalle de las deudas vencidas mayores a 90 días y explicar porque no se honran los contratos. “Creemos que el Estado debe ser serio al honrar sus contratos para proyectar una imagen seria ante el exterior y no dejar de pagar sus tornillos, papel higiénico, lápices, reparación de vehículos, servicio de limpieza, kits escolares, libros para bibliotecas, alimentos etc.”, añadió el directivo de la Capep.
Goldenberg, por su parte, señaló que las firmas no cobran y a pesar de todo esto las entidades públicas piden que sigan proveyendo porque de lo contrario advierten que ejecutarán la póliza de seguro.