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El coordinador del grupo, Carlos González, declaró que a partir del 29 de enero no se logró avanzar hacia una solución, por lo que volvieron a tomar esta drástica decisión. “Esta crucifixión de los compañeros es una forma de demostrar nuestro descontento y también como una medida de presión para que las autoridades tomen en serio las reivindicaciones nuestras y que la Itaipú Binacional cumpla el tratado y su protocolo de trabajo con el pago de los beneficios que le estamos reclamando”, explicó.
Recordó que hace cinco meses, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, se desplazó personalmente para entregarles una carta en la que ratificaba la voluntad del gobierno. “Hemos tenido varios encuentros en febrero, marzo y abril, e incluso el ministro Sosa nos explicó que se estaba trabajando en el borrador de una propuesta que nos iban a hacer llegar, pero hasta la fecha eso no ocurrió”, indicó González. Dijo que también quieren aprovechar este momento en que se aguarda la visita del papa Francisco para que su voz de protesta y su reclamo se hagan sentir ante las autoridades nacionales. Los cinco “crucificados” son Pablo Garcete, Roberto González, Rosa Cáceres, Roque Samudio y Gerardo Orué. Son los mismos que ya se habían sacrificado en la primera manifestación. Según cálculos realizados por los obreros, cada uno debería recibir una suerte de pensión de G. 3.500.000 por cada mes trabajado, correspondiente a beneficios varios adeudados.