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Vargas ya era funcionario del MIC y pretendía mejorar su condición laboral con un cargo de mejor remuneración y como la ley de la Función Pública le habilitaba plenamente, decidió concursar. Así, del total de los 215 participantes y de los 100 puntos en competencia, Vargas Peralta obtuvo 96 puntos (el máximo alcanzado fue de 98), ubicándose en el quinto lugar (ver facsímil de la derecha). La vacancia existente era para 38 cargos, lo que evidencia que definitivamente debió haber ganado el puesto por el que demostró su competencia.
Sin embargo, a Vargas jamás le informaron que su examen arrojó un alto rendimiento, ya que solo se enteró que “concluyó el proceso de selección” cuando salieron las resoluciones de nombramientos de los nuevos funcionarios, sin que a él lo hayan convocado.
Lo más llamativo para el joven, según comentó, fue que la gran mayoría de los nombrados obtuvo menores puntajes que él y que incluso ni siquiera participaron del proceso de evaluación, según se lee en la planilla de la empresa “Jobs”, que fue contratada para la selección. Varios de los contratados figuraban como ausentes en dichas planillas.
En uno de los informes elaborados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante la denuncia efectuada por Vargas, a través del Expediente SFP N° 42/12, refiere que el propio titular del MIC, Francisco Rivas, había ordenado que varios funcionarios fueran nombrados sin concurso alguno “por decisión del ministro del MIC para asignarlos a puestos de investigador, tal como verbalmente fue informado por integrantes de la comisión de selección al equipo técnico de apoyo de la SFP”, dice una parte del documento al que accedimos, de la Dirección General de la Carrera del Servicio Civil, dependiente de la SFP.
Llamativamente, la gran mayoría de los “seleccionados” en este proceso provienen del departamento de Cordillera, justamente de donde es oriundo el exministro Rivas Almada, quien acaba de renunciar al MIC para acceder a una banca de la senaduría por el Partido Liberal. La propia Secretaría de la Función Pública pidió, mediante nota en agosto de 2012, la nulidad de dichos nombramientos por las abiertas irregularidades observadas. No obstante, jamás se concretó y la injusticia sigue, pese a que todas las instituciones de control saben del caso. Definitivamente los hechos demuestran que en nuestro país para acceder a un cargo público no importan la formación académica, los méritos ni la capacidad.