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La licitación pública para la venta de las fincas 13.210 y 4.690 de Villa Hayes se realizó el pasado lunes, con la participación de 15 postores, resultando adjudicada una oferta de G. 2.200 millones. Este monto sobrepasó en 140 millones la base de venta establecida por el juzgado a cargo del magistrado Miguel Angel Rodas.
Resulta sugestivo que la licitación pública se realizó aun con la oposición del síndico general de quiebras, Fausto Portillo, quien había propuesto una venta particular con la consiguiente sospecha de que la misma podría haber sido "cocinada" tal como se presume ha ocurrido en múltiples ocasiones.
Además, los gastos de la licitación pública son mucho menores que los del remate, pues en la misma el adjudicado debe abonar solamente el 1% en concepto de gastos de tasación, lo que representa una fracción de la comisión en caso de remate.
Dado que la mayoría de las liquidaciones de bancos han pasado a la jurisdicción de la Sindicatura General de Quiebras, los respectivos síndicos tienen jurisdicción sobre una cantidad inmensa de valiosos inmuebles que deben ser vendidos o realizados, principalmente en los caso de Banco Nacional de Trabajadores (BNT) y Banco de Desarrollo (BD).
Estos dos últimos bancos son los que precisamente se han manejado con poca transparencia en la venta de inmuebles, al punto que sus respectivos liquidadores (Carlos Paredes Recalde en el BNT y Julio J. Ríos en el BD) han impulsado remates de valiosas propiedades con base de ventas irrisorias. En estos casos se concretó el agravante de haber disimulado en las publicaciones de la subastas los valiosos inmuebles en medio de otros de escaso valor, lo que de haber pasado desapercibido para la prensa podrían haberse rematado a precios "cocinados".
Sin embargo, el juez Rodas no parece tener el mismo criterio de transparencia en todas sus decisiones, pues ha autorizado para que, en el caso del BD, el próximo 14 de junio, a las 15:00, se remate el penthouse del complejo edilicio Carmelita Center, incluidas dos cocheras, con la irrisoria base de venta de G. 71 millones. El costoso inmueble -con una superficie construida de 1ª categoría y de casi 400 m2- tiene una tasación de 891 millones suma que representa 13 veces más de la base de venta establecida.
En la misma subasta se le bajará el martillo a la finca Nº 663 de 231 Ha. ubicada en Pirapó con la mínima base de venta de G. 27 millones. En el expediente de la quiebra, el juez Rodas tiene una oferta de G. 515 millones por dicho inmueble, hecho que también está en conocimiento del síndico Ríos, quien fue nombrado y tiene la obligación de precautelar los intereses de la masa acreedora (¿?).
También se proyecta rematar la finca 103 de Caaguazú, distrito 3 de Febrero y con 317 Ha. de extensión y base de venta de G. 26 millones. En esta misma página se publica una oferta de 300 millones para la compra de dicho inmueble y obrante en el expediente de la quiebra.
Estos casos reflejan las manipulaciones de las liquidaciones bancarias de parte de los funcionarios de la Sindicatura de Quiebras, así como la falta de coherencia del magistrado Rodas, cuya actuación merece aplauso en el caso Banco General, pero es sugestiva en el caso BD.
Resulta sugestivo que la licitación pública se realizó aun con la oposición del síndico general de quiebras, Fausto Portillo, quien había propuesto una venta particular con la consiguiente sospecha de que la misma podría haber sido "cocinada" tal como se presume ha ocurrido en múltiples ocasiones.
Además, los gastos de la licitación pública son mucho menores que los del remate, pues en la misma el adjudicado debe abonar solamente el 1% en concepto de gastos de tasación, lo que representa una fracción de la comisión en caso de remate.
Dado que la mayoría de las liquidaciones de bancos han pasado a la jurisdicción de la Sindicatura General de Quiebras, los respectivos síndicos tienen jurisdicción sobre una cantidad inmensa de valiosos inmuebles que deben ser vendidos o realizados, principalmente en los caso de Banco Nacional de Trabajadores (BNT) y Banco de Desarrollo (BD).
Estos dos últimos bancos son los que precisamente se han manejado con poca transparencia en la venta de inmuebles, al punto que sus respectivos liquidadores (Carlos Paredes Recalde en el BNT y Julio J. Ríos en el BD) han impulsado remates de valiosas propiedades con base de ventas irrisorias. En estos casos se concretó el agravante de haber disimulado en las publicaciones de la subastas los valiosos inmuebles en medio de otros de escaso valor, lo que de haber pasado desapercibido para la prensa podrían haberse rematado a precios "cocinados".
Sin embargo, el juez Rodas no parece tener el mismo criterio de transparencia en todas sus decisiones, pues ha autorizado para que, en el caso del BD, el próximo 14 de junio, a las 15:00, se remate el penthouse del complejo edilicio Carmelita Center, incluidas dos cocheras, con la irrisoria base de venta de G. 71 millones. El costoso inmueble -con una superficie construida de 1ª categoría y de casi 400 m2- tiene una tasación de 891 millones suma que representa 13 veces más de la base de venta establecida.
En la misma subasta se le bajará el martillo a la finca Nº 663 de 231 Ha. ubicada en Pirapó con la mínima base de venta de G. 27 millones. En el expediente de la quiebra, el juez Rodas tiene una oferta de G. 515 millones por dicho inmueble, hecho que también está en conocimiento del síndico Ríos, quien fue nombrado y tiene la obligación de precautelar los intereses de la masa acreedora (¿?).
También se proyecta rematar la finca 103 de Caaguazú, distrito 3 de Febrero y con 317 Ha. de extensión y base de venta de G. 26 millones. En esta misma página se publica una oferta de 300 millones para la compra de dicho inmueble y obrante en el expediente de la quiebra.
Estos casos reflejan las manipulaciones de las liquidaciones bancarias de parte de los funcionarios de la Sindicatura de Quiebras, así como la falta de coherencia del magistrado Rodas, cuya actuación merece aplauso en el caso Banco General, pero es sugestiva en el caso BD.