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El Ing. Guillermo Mas, vicepresidente de la APC, dijo ayer a ABC que, por ejemplo, una ruta de 300 kilómetros debería licitarse en seis paquetes de 50 kilómetros. Eso, porque una megaobra por altos montos siempre están acompañadas de mayores exigencias técnicas y financieras que dejan a las empresas locales fuera de competencia. “A veces las exigencias incluso son absurdas, totalmente sobredimensionadas para este mercado. Además, está el problema del financiamiento. En Paraguay no existe banco capaz de financiar una obra demasiado costosa. Entonces las licitaciones se entregan a las extranjeras y las paraguayas terminan haciendo el trabajo a precios de subcontratos”, explicó.
Según lo señalado, en el caso de las licitaciones financiadas con fondos del tesoro o bonos soberanos, la ley es bien clara y establece que las mismas tienen que tener carácter nacional. Insistió en que los constructores no piden nada nuevo, solo que se respete la ley.
Mencionó que contrariamente a la norma, el Ministerio de Obras Públicas ha llevado adelante obras con fondos de los bonos, como por ejemplo la ruta 8, Caazapá-Yuty, entregada a la coreana Ilsung. Esta adjudicación a una empresa “grande” tampoco garantizó el cumplimiento ni la inversión en maquinarias, sino que la compañía se limitó a alquilar equipamiento de empresas locales. Además, según los datos, la obra tiene un atraso de casi dos años pese a que fue la primera ruta iniciada por las autoridades actuales.
Desde la APC destacan la capacidad y profesionalismo de firmas locales. “Tenemos todo para hacer buenas rutas de calidad sin necesidad de un consorcio con extranjeras”, puntualizó Mas.