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A través de este documento se busca sustentar la decisión tomada por el gobierno de Federico Franco de pagar la deuda reclamada por las citadas empresas.
Díaz de Vivar señala en su nota remitida a Buttner, el 30 de marzo de 2005, que “todos los posibles reclamos con respecto al cumplimiento o el incumplimiento del contrato suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Bivac Paraguay SA ya fueron denunciadas, debatidas, rebatidas y desestimadas ya sea por el Ministerio Público o por la Contraloría General de la República”.
En la nota se explican los informes en que se basa esta afirmación y termina en lo siguiente: “En conclusión, todo trabajo que se podría realizar ya fue iniciado y concluido por el Ministerio Público, la Contraloría General, la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, la Abogacía del Tesoro e inclusive la Dirección de Aduanas. Por lo tanto, lo que se pretende investigar ya es cosa juzgada”.
El ministro no realizó comentario alguno al respecto, pero de acuerdo a sus declaraciones anteriores consideraba necesario saldar estas deudas para limpiar la imagen del país y esta postura cuenta con el aval del gobierno electo.
Con Bivac el Gobierno, a través de un proceso de mediación, ya acordó el pago de 21,5 millones de dólares, de los 76 millones de dólares reclamados como deudas pendientes. Esto se hará mediante una emisión de bonos del Tesoro, que serán emitidos a diez años de plazo, siempre que el Congreso lo autorice a través de una ley. Con SGS se llevará a cabo una negociación similar, ya que esta firma pide unos 58 millones de dólares.
Bivac y SGS fueron contratadas en 1996 mediante decreto firmado por el entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y su ministro de Hacienda, Orlando Bareiro, siendo director de Aduanas Rubén Fadlala, pero el contrato fue formalizado posteriormente por el sustituto de Bareiro, Carlos Alberto Facetti.
En 1999, sin embargo, tras asumir la presidencia Raúl Cubas Grau, y siendo ministro de Hacienda, Gerardo Doll, se rescinden los contratos y las firmas reclaman el pago de supuestas facturas pendientes por más de 61 millones de dólares.
Los gobiernos anteriores no pagaron porque afirmaron que había dudas acerca de la legalidad de los contratos y, por tanto, sobre la legitimidad de las deudas.