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La cooperativa de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Coopemag) tenía 54 años de existencia cuando en abril de 2015 fue declarada en proceso de liquidación por orden del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), organismo rector del sector, a raíz de graves desajustes financieros en la entidad, que soporta una deuda global superior a G. 19.000 millones (US$ 3,2 millones) solamente con otras cooperativas, sin contar compromisos impagos con sus socios y otros ahorristas privados.
Tanto el Incoop, que ha dispuesto la intervención de Coopemag en el 2013, por un lapso de seis meses, como la fiscalía, que presentó acusación por “lesión de confianza” (corrupción) el 6 de febrero pasado, apuntan a varios exdirectivos como los responsables de la situación en que ha caído la entidad.
Sin embargo, uno de los acusados, el extesorero Darío Ramón Galván, sostiene que el principal culpable de la debacle financiera de Coopemag es el perjudicial trabajo que desarrollaron los interventores del propio Incoop en el 2013, sin olvidar una inoportuna decisión del Gobierno de Fernando Lugo, que en 2008 suspendió los descuentos a funcionarios públicos por la vía administrativa, lo que comenzó a elevar el nivel de mora en la institución hasta un 26%.
“Corrupción de mi parte no hubo, y creo que en el tiempo en que yo estuve en el cargo (aclara que fue solo 9 meses) nadie robó plata”, dijo Galván ante una consulta sobre la acusación fiscal; y dio un ejemplo (ver facsímil) de lo que hizo el Incoop y a partir del cual se abultó aún más la cuenta. La intervención renegoció la deuda con otras cooperativas, cuyo total pasó de G. 14.209 millones a G. 19.041 millones, es decir, de un soplo se infló G. 5.000 millones más, alegó Galván.
El extesorero se remitió después al informe de un perito (William Arias) de la fiscalía para afirmar que la orden de liquidación de los bienes (casa central, sede social y sucursal de San Lorenzo) era innecesaria, porque dicho profesional llegó a la conclusión de que las cuentas de la cooperativa eran todavía sostenibles en 2012 e inicios de 2013.
Además, la intervención del Incoop generó gastos administrativos por G. 790 millones, que luego se incluyó en el balance de 2012, lo que no correspondía, dijo también Galván, entre otros varios argumentos más.
Junto a él están acusados Luis A. Argüello (expresidente), Nancy B. Vera Melo (exgerente), Rodolfo A. Pavón, Federico R. Núñez y varios otros exdirectivos.
“El final infeliz tiene un autor”
“La triste historia y el final infeliz de la Coopemag tienen un autor y no somos nosotros los exdirectivos sino el Incoop, que con un terrorismo de información y un informe viciado fulminó el prestigio, la historia, la solidez de la cooperativa, empujando a nuestra cooperativa a cargar con una pérdida de G. 14.518 millones completamente irreal. Y hasta el día de hoy el Incoop no admite su error”, dice parte de una nota enviada vía correo electrónico por María Magdalena Insfrán, presidenta de la entidad en 2010, además de protesorera (2006 a 2009, y 2011) y vocal titular (2012). La exdirectiva coincide en gran parte con los argumentos de Galván y critica fuertemente la labor de la comisión de liquidación.
jobenitez@abc.com.py