El resultado de su informe fue catastrófico para el ex ministro que estaba siendo investigado en dicha gestión por la Fiscalía, a raíz de una denuncia de malversación del crédito hecha por su ex colega de Hacienda Federico Zayas en octubre de 2000. Cáceres, tras el silencio, decidió hablar... y denunciar. Esta es su verdad.

-¿Qué fue lo que se les pidió que hicieran en base a la Resolución 057 de la Contraloría?

-Se nos pidió un examen especial de la gestión relacionada a los ‘‘empedrados chinos’’ del ex ministro de Obras. Esto se hizo de acuerdo con normas de auditorías, las cuales refieren que los controles se deben realizar sobre los hechos consumados para evitar que los auditores se involucren o puedan involucrarse en la toma de decisiones de la institución controlada. Bajo ningún concepto el verificador puede recomendar pagos, como lo hicieron el contralor Francisco Galiano y el auditor Juan Antonio Cristaldo, director general de control de la administración central de la Contraloría.

-¿Cuál fue el resultado del examen especial?

-Descubrimos numerosas irregularidades en las obras y en la forma en que administrativamente se contrataron. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó la licitación (07/99) sin proyectos definidos, lo cual, tal vez, se pueda hacer, pero, llamativamente, encontramos entre las obras un tramo que fue cambiado directamente, lo cual desembocó en un aumento de lo presupuestado para la tarea.

Además, hallamos otro camino que ya estaba realizado en un 70 por ciento. Solo faltaba el empedrado, pero en el contrato se le pagaba a la empresa por las obras hechas. Por este proyecto, Planás desembolsó como anticipo para su inicio 240 mil dólares, y no se hizo nada.

Debo señalar que estos contratos -de los empedrados chinos- estaban hechos como para que cada contratista le dijera al MOPC lo que iba a hacer, lo cual también es un procedimiento irregular. Es como que vos me contrates para construir tu casa y yo te diga lo que se va a hacer.

-¿Por qué el contralor Francisco Galiano sostiene que se equivocaron al informar sobre grandes diferencias en los ‘‘empedrados chinos’’?

-Al contralor le molestó que hayamos utilizado un tipo de dólar (G. 2.924) vigente al decimocuarto día anterior a la apertura de las ofertas económicas por los contratos de las obras pétreas. No sé de qué forma le molestó si es que me preguntas, pero lo cierto es que aplicando dicha tasa de conversión al guaraní las diferencias económicas perjudiciales para el Estado por las irregularidades en los contratos que firmó Planás son grandes.

Además, la tasa de G. 2.924 guaraníes por dólar no es un invento nuestro. Fue establecido en los pliegos de bases y condiciones de la licitación 07/99 como tasa de actualización de precios de rubros que permanecen invariables hasta el final de la obra. O sea, actualización, porque al terminar el trabajo el ministerio debe compensar al contratista por probables pérdidas que haya sufrido durante su construcción, debido a los vaivenes económicos. Al final se toma el tipo de dólar para la conversión al guaraní que estaba vigente 14 días antes de la presentación y conocimiento de las ofertas, y se realiza la compensación.

El contralor, sin embargo, nos acusa de habernos referido a la tasa de cambio de la calle, y es lógico, porque era la que estaba vigente cuando se adjudicaron los contratos, para determinar los montos del perjuicio ocasionado por los ilícitos detectados en los ‘‘empedrados chinos’’. Según él y Cristaldo, debimos tomar como tasa una fijada en un decreto del Ejecutivo (8.985) que salió cuando las obras pétreas estaban paralizadas por falta de fondos. Esa tasa era de 3.520 guaraníes para una reprogramación presupuestaria o reasignación de recursos. Para nosotros eso era imposible, ya que sería pisotear los contratos donde se fijó la tasa de 2.924 guaraníes. Era simplemente una cuestión de orden legal.

-¿Ustedes asesoraron a la Fiscalía en el caso que se le seguía a Planás?

-En un principio trabajamos en forma conjunta con la Fiscalía. Sin embargo, debo aclarar que el Ministerio Público comenzó a investigar los ‘‘empedrados chinos’’ mucho antes, debido a que Planás fue denunciado por el ex ministro de Hacienda Federico Zayas por supuesta malversación de los fondos destinados a los pavimentos pétreos.

Entonces, lo que nosotros hicimos fue confirmar lo que la Fiscalía ya había descubierto en sus averiguaciones. Ello consta en acta fiscal. En ese documento se mencionan las obras ‘‘mau’’ Capiatá-Posta Ybycuá o Luque-Paso Saná, y ‘‘fantasma’’ Areguá-Isla Valle-Yyquyry. Estos son dos tramos que forman parte de los ‘‘empedrados chinos’’ y que fueron la punta del ovillo para incriminar al ex ministro en serias irregularidades. Por otro lado, nosotros en base a nuestra misión como contralores inspeccionamos todo -en 22 tramos- y hallamos vicios constructivos -obras mal hechas-. ¡¡Ah!!, otra perlita de estas obras es la inclusión de 12 camionetas, que son bienes que pierden valor como items reajustables. O sea, irán subiendo de valor en la medida que se actualicen precios de las obras en base a los indicadores económicos del país.

-¿Por qué fueron cambiados?

-Ignoro por qué nos cambiaron. Trabajábamos muy de cerca con la Fiscalía, pero un día fue como que nos cerraran la puerta en nuestras narices. En ese momento, la Contraloría sacó una resolución (687/01), cuyo resultado aprobó como razonables los montos a ser pagados por las obras irregulares y recomendando que se implementen los mecanismos presupuestarios para la cancelación de esas cuentas, lo cual fue una herramienta fundamental en la defensa del ex ministro para librarse de la Fiscalía.

-¿Qué pasó con el resultado de su informe y el de la Resolución 687 de la Contraloría?

-Nuestro informe confirmó las irregularidades encontradas por la Fiscalía que son las obras ‘‘mau’’ y ‘‘fantasma’’ de los ‘‘empedrados chinos’’, además de agregar más casos, como el de las camionetas y los vicios constructivos que el MOPC estaba obligado a exigir que se corrijan antes de proceder a aprobar los certificados (facturas) viales.

La otra resolución se hizo en base a una ley (1720/01) que el Ejecutivo sacó para pagar con bonos del Tesoro cuentas viejas del Estado. Para que esas deudas sean reales, la legislación previó que cada pago se haría previo informe de la Contraloría. Los ‘‘empedrados chinos’’ cayeron dentro de la ley.

Los peritos asignados, con Cristaldo y Atilio Perazzo a la cabeza, revisaron las obras en un cincuenta por ciento en los papeles, y para la observación de la correspondencia de esas facturas con las obras realizadas hicieron un ‘‘muestreo de muestreos’’. Terminaron aprobando hasta las obras ‘‘mau’’ y ‘‘fantasma’’ y ni siquiera verificaron ‘‘in situ’’ todos los proyectos, supuestamente, porque tenían ‘‘urgencia’’, según ellos dijeron en artículos publicados por otros medios de prensa.

Entonces, hubo una colisión, ya que nuestro informe denunciaba, mientras que el trabajo contable y de ‘‘muestreo de muestreos’’ aprobaba los pagos, lo cual llevó a la Fiscalía a pedir un nuevo peritaje de la obra ‘‘mau’’ Luque-Paso Saná. El contralor nombró a Perazzo y otro de los técnicos del informe que paga las obras, Edgar Oviedo, para ello. Demás esta señalar que el resultado de ese peritaje no favoreció nuestro trabajo.

-¿Ese peritaje de Perazzo y Oviedo de qué forma les afectó?

-Nosotros fuimos sumariados por supuesta negligencia y mal desempeño. Perazzo y Oviedo, con su informe, apuntalaron ese proceso viciado, porque ni siquiera se tomaron en cuenta nuestras declaraciones. Luego fuimos despedidos y nuestro pecado fue denunciar irregularidades que ellos habían aprobado con el informe que liberó pagos.

Pero el mayor perjuicio ocasionado por el informe de Perazzo y Oviedo fue para el Estado, por qué, porque simplemente permitieron que el dinero público sea utilizado para ‘‘blanquear’’ obras que debían ser rechazadas de plano y sus responsables investigados. Además, el que, según las leyes administrativas, porque no es una ocurrencia mía, es el principal responsable de esa cadena de presuntos delitos, el ex ministro, se liberó gracias al informe de Perazzo y Oviedo donde dos ingenieros le dicen a la Fiscalía que Planás no era responsable, sino el viceministro y sus subordinados inmediatos.

Además, Cecilia Del Puerto, directora general de licitaciones de la Contraloría, emitió un dictamen (DGL 581/02) que confirma la ilegalidad de la obra Luque-Paso Saná, coincidiendo con la nota (SN 693/02) del ex ministro de Obras, Alcides Jiménez -hoy de Hacienda- que confirma que el citado proyecto no formó parte del paquete de ‘‘empedrados chinos’’. Esta información habría sido, aparentemente, ignorada por el contralor.
(Continuará)