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Son cuatro fincas (68.000 Ha.), ubicadas en los distritos de Capiibary y Santaní (San Pedro), Yhû (Caaguazú) y Yasy Cañy (Canindeyú), en las que viven unas 7.000 familias campesinas, unos 37.000 compatriotas.
El inmueble ya es propiedad del Indert, por el que pagó G. 40.800 millones en 2011, tras adquirirlo del BNF y lo único que falta es su inscripción en Registros Públicos y luego entregarlo los títulos a los pobladores.
Sin embargo, la administración de Cárdenas no hizo ningún avance para resolver ese conflicto de tierras que dura ya décadas, según Varela. “El Gobierno no tiene interés en solucionar esto que afecta a unos 37.000 compatriotas”, insistió.
Cárdenas apunta como un logro de su gestión la recuperación de lotes. “Está bien que recupere tierras fiscales, pero que solucione los problemas que están hace décadas. En Ex-Finap, el Indert no se anima a entrar porque hay políticos y militares que tienen lotes allí”, añadió Varela. “Debe sanear la situación de tierras en manos de ocupantes irregulares. Sobre todo debe considerar la antigüedad de este conflicto y que para comprar esos inmuebles debió pasarse por un prolongado proceso, que incluyó décadas de luchas agrarias”, añadió.
Para transferir esas tierras al Indert los municipios afectados exoneraron el impuesto inmobiliario. Además comenzaron trabajos de medición de los inmuebles e hicieron estudios de las cuatro fincas que conforman las 68.000 Ha. para identificar a cada uno de los ocupantes.
Luego de todos los avances, encontraron un inconveniente jurídico ante la Dirección General de Registros Públicos que, según lo explicado, puede subsanarse, pero con voluntad política real del presidente del Indert y del propio Gobierno.