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La licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi por una alianza público-privada (APP) tendrá hoy una jornada candente ya que los oferentes revisarán los documentos de sus competidores, en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los sobres que serán inspeccionados contienen documentos técnicos y administrativos. Los que poseen las ofertas económicas permanecerán lacrados hasta que concluya esta etapa.
Están en competencia tres oferentes: la española Sacyr-Agunsa, la francesa Vinci y la argentina-uruguaya Cedicor-Caminos Viales del Uruguay.
Cedicor SA controla el 97% de las acciones de la Corporación América, el holding bajo el cual se agrupan las sociedades del grupo Eurnekián en los negocios de los aeropuertos.
Eurnekián, en 1998, se quedó con la mayor parte de los aeropuertos de Argentina –por el plazo de 30 años– obligándose a pagar un canon anual de 171 millones de dólares. Para el año 2002 había acumulado una deuda de más de 357 millones de dólares con el Estado argentino, según el informe resultante de una comisión de investigación que se constituyó en la Cámara de Diputados de ese país para investigar lo que llamaron “El caso Eurnekián”.
De la investigación participaron legisladores, sindicalistas aeroportuarios y hasta periodistas. Parte de esa investigación se publicó en el diario La Nación de Argentina.
Sobornos
La investigación en cuestión, detallada en un informe al cual ABC Color tuvo acceso, explica la forma en que durante los gobiernos kirchneristas el empresario Eduardo Eurnekián se benefició con medidas que derivaron en la reducción del importe que debía pagarle al Estado.
Por ejemplo, le autorizaron cambios en el contrato, que luego Eurnekián utilizó para reclamar al Estado 200 millones de dólares “por deficiencias en la entrega de aeropuertos”.
Al año siguiente de habérsele otorgado la concesión de los aeropuertos argentinos, en 1999, el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Rodolfo Barra, autorizó un descuento de casi 25 millones de dólares del primer canon de la concesión.
En solo tres años Eurnekián no solo había acumulado una deuda de 357 millones de dólares con el Estado argentino, sino que además consiguió que benevolentes funcionarios le dieran pie para encarar reclamos al Estado por 200 millones de dólares.
Convirtió al Estado en socio y siguieron quitas
Aún cuando no había pagado el canon y existían todos los elementos para rescindir el contrato, Eurnekián consiguió que las condescendientes autoridades del gobierno de Néstor Kirchner primero, y de su esposa Cristina Fernández, después, renegociaran con él su contrato. Allí el Estado se convirtió en su “socio” a cambio del 15% de las acciones.
El representante de Cedicor en Paraguay, Eduardo Acosta, está siendo asesorado legalmente por Pablo Seitz, exdirector de Contrataciones Públicas.
Pablo Seitz trabaja o al menos trabajó hasta hace poco con el abogado Javier Parquet en varios casos. Este último es asesor del ministro de Hacienda, Santiago Peña, miembro del comité que debe evaluar las ofertas para la APP del Silvio Pettirossi.
Seitz y Parquet incluso se presentaban juntos a los llamados a licitación del Estado para la contratación de consultorías, como figura en la web de Contrataciones.