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Sin embargo, también apuntó que la ciudadanía debe aprender a “acorralar al Estado” hasta obtener una respuesta favorable, ya que si una institución niega o retacea información, hoy se tiene la herramienta legal para obligar una contestación.
En primera instancia está el recurso de reconsideración que se gestiona en la misma institución que no quiso informar y en el caso de no obtener resultado favorable, está la posibilidad de recurrir a la justicia.
En numerosos casos, de acuerdo con lo explicado, luego del recurso de reconsideración, el ente público termina otorgando los documentos solicitados. Mientras que los casos que llegaron a la justicia, también han tenido final positivo.
Según los datos mencionados por Santadaga, hay más de 40 casos que se presentaron a la Justicia para obligar a instituciones estatales a brindar información de interés ciudadano.
La autocrítica sería que la ciudadanía no siempre quiere insistir en los pedidos, según lo señalado.