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En teoría, el contralor ya tiene en sus manos el borrador de dictamen que le entregaron los auditores Christian Barba, Ilse González, Paúl Ojeda y Viviana Espínola. Esta última fue funcionaria de la administración de Ramón Jiménez Gaona en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hasta diciembre del año pasado. Por ese motivo, desde el principio se sospechó que la intervención del organismo contralor en la polémica licitación vía APP fue en realidad para respaldar el proceso pese a las irregularidades denunciadas.
Recordemos que la intervención de la Contraloría se originó por una denuncia que realizaron varios senadores opositores, en la que enumeraron una serie de anomalías. La principal tiene que ver con la violación del pliego de bases y condiciones en lo referente a la prohibición de ser oferente a cualquier empresa que a través de su casa matriz, filiales o asociadas, posea antecedentes de trámites judiciales en sus contratos.
Precisamente, Sacyr tiene trámites judiciales en España, en Colombia, en Panamá y en Chile. En este último país, tiene encima una veintena de demandas por el desvío del río Mapocho, en lo que fue la ejecución de una obra apartándose de las disposiciones del contrato que tenía con el Ministerio de Obras Públicas del país andino. Las últimas demandas se presentaron este mismo año.
Intentamos conversar con autoridades del Ministerio sobre este tema, pero en las últimas semanas se han negado a hablar del aeropuerto, alegando la etapa de “confidencialidad” del proceso.
¿Qué dice el pliego?
Además de disponer la prohibición de participar a cualquier empresa con trámites judiciales, el pliego establece que, al comprobarse que una oferente faltó a la verdad, el MOPC podrá proceder a la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta, que en este caso es de US$ 6 millones.
Sin embargo, aparentemente la convocante está lejos de ejecutar la póliza, pues en todo momento se ha pronunciado como si fuera abogada de la cuestionada oferente. Además, otro elemento a tener en cuenta en este sentido es que la póliza de Sacyr es, coincidentemente, de Royal Seguros SA, la aseguradora vinculada al jefe de gabinete del Presidente Horacio Cartes, el señor Juan Carlos López Moreira.
Otras irregularidades
Se cuestiona que el anterior plan de modernización del aeropuerto, que tuvo el asesoramiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), preveía una inversión de solo US$ 30 millones. Ahora aseguran que se deben invertir US$ 149 millones.
Técnicos de la OACI denunciaron que para asegurar la APP del aeropuerto, el MOPC manipuló el estudio de factibilidad.
Además, un informe de auditoría contable llevado a cabo por la firma Econocas al consorcio Sacyr-Agunsa, el virtual adjudicado en la APP del aeropuerto, muestra un alto riesgo de que no pueda cumplir sus obligaciones, por incapacidad de pago de corto plazo.