Esposa de exdiputado, implicada en posible daño patrimonial del Indert

María Teresa Gini, esposa del político colorado Artemio Barrios, exdiputado, aparece involucrada en un posible daño patrimonial al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Ella es la escribana denunciada por aparente producción de documentos de contenido falso que sirvió de base para el pago indebido de unos G. 2.674 millones, autorizado por Justo Cárdenas, titular del ente agrario.

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El presidente del Indert pagó por una propiedad embargada y con prohibición de contratar, sobre la que no podrá ejercer los derechos de dueño por carecer de título de propiedad inscripto en los Registros Públicos. Se trata de la finca Nº 2857 de Alto Verá (Itapúa), de unas 426 ha, que fue expropiada en el 2010 pero que hasta hoy figura a nombre de Lilia Oddone Vda. de Céspedes, sin que pueda ser transferida al instituto. Pese a ello, Cárdenas firmó la escritura de traslación de dominio en diciembre de 2013, realizó un pago indebido de G. 2.674 millones en febrero de 2014 y hasta hoy no puede disponer del inmueble, por lo que hubo un despojo que podría no ser recuperado.

La escribana involucrada en la operación, que bajo ningún sentido debía realizarse por las restricciones mencionadas, es nada menos que la esposa de un exparlamentario. Ella hizo figurar en el documento de referencia dos postulados contradictorios; por un lado, que la finca “no ha sufrido modificación, restricción de dominio y no reconoce gravamen alguno” y por otro, “reconoce medida cautelar de Prohibición de Contratar por Rubén Paredes c/ Lilia Oddone Vda. de Céspedes”.

En entrevista con nuestro diario, Rubén Paredes, abogado, explicó que en el año 2010 él fue contratado por Oddone para representarla en un juicio de remate de tierras en el que salió ganancioso, también para que realice las gestiones de cobro de indemnización por la expropiación. El acuerdo de pago de honorarios profesionales fue del 30% del valor de la finca, a través de un pacto de cuota litis.

Sin embargo, según lo relatado, después de haber ganado el juicio de remate y posteriormente, haber logrado la tasación del inmueble por un total de G. 5.350 millones, su mandante lo dejó de lado desconociendo la forma de pago acordada y contrató a la abogada Mariela Rivarola Aquino, razón por la cual inició juicios que derivaron en el embargo del inmueble por G. 1.604 millones más IVA, además de un embargo preventivo por más de G. 1.200 millones.

Según los datos, Rivarola es una exconsejera de Yacyretá y expareja sentimental del procesado por narcotráfico y por el secuestro de Christian Schaerer, Damián Delvalla Sanabria, quien fuera liberado con una orden de libertad falsa y posteriormente recapturado, mediante un allanamiento precisamente en el domicilio de Rivarola. Fue esta abogada quien cobró los G. 2.674 millones a nombre de Oddone y según datos no oficiales, supuestamente hubo una repartija de esa suma con administradores del Indert.

“La escritura de traslación es nula. Con la firma de esta escritura estarían condenados los tres. Rivarola sabía que no podía cobrar y cobró igual; Cárdenas sabía que no debía pagar y pagó igual, y Gini sabía que no podía realizar la escritura y lo hizo igual”, afirmó Paredes, añadiendo que los tres intervinientes mencionados se exponen a ser procesados. En el caso de la abogada por apropiación, Cárdenas por lesión de confianza y la escribana por producción inmediata de instrumento público de contenido falso.

Dos años sin avances

Según los datos, por este caso se presentó denuncia formal ante el Ministerio Público el 30 de mayo de 2014, pero dos años después no ha habido avances en la investigación ni castigo a los responsables (de hecho, no hay un solo imputado). La denuncia recayó inicialmente ante la Unidad Fiscal Ordinaria Nº 1, entonces a cargo del fiscal Miguel Vera, posteriormente tuvo la agente Liz Nadine Portillo y ahora está a cargo de la fiscal Daniela Benítez. Se llegó a presentar recientemente un urgimiento para el desarrollo del caso, pero sospechosamente ni siquiera se ha llamado a indagatoria a los involucrados, pese a la gravedad de los hechos.

Así las cosas, si eventualmente la propiedad llega a ser rematada por los embargos que pesan sobre ella, el Indert tendría que pagar nuevamente y se confirmaría la tesis sobre “quien paga mal, paga dos veces”. ABC estuvo ayer en Indert en busca de una explicación oficial sobre el caso, pero Cárdenas no nos recibió. Tampoco logramos contactar con Gini, pues nadie respondió en el teléfono de su escribanía.

gbenitez@abc.com.py

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