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En la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), los sindicatos de la entidad creen que la derrota del oficialismo colorado en las recientes internas partidarias podría significar finalmente la cancelación de la licitación abierta para la entrega de la administración del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi a manos privadas. En cuanto al proceso se ha hablado de irregularidades que fueron denunciadas en su momento ante la Justicia, que posteriormente desestimó el caso.
Rubén Cáceres, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de la Dinac (Seodinac), recordó ayer que la denuncia hecha meses atrás por su organización y en la que se plasmaron algunas de las irregularidades comprobadas por la misma Contraloría General de la República (CGR), no tuvo eco por “cuestiones políticas, antes que por argumentos jurídicos”.
“Creo que con la derrota del oficialismo, esto (la licitación del aeropuerto) muere”, manifestó el dirigente sindical al opinar sobre el futuro de este caso.
Por su parte, el senador Carlos Amarilla, uno de los que denunció en el Congreso las sospechas surgidas en torno a este proyecto de alianza público-privada (APP) impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), manifestó que no se puede estar tan seguro sobre qué ocurrirá en la Corte.
“Espero que la Corte no se preste a la jugada tramposa del Gobierno y obre en consecuencia”, señaló con relación a la acción de certeza constitucional que fue promovida hace un tiempo por el Ministerio de Obras Públicas para “salvar” la licitación del aeropuerto, pese a la existencia de un dictamen de la Contraloría que recomendó cancelar el proceso.
La acción promovida tenía por objetivo obtener una declaración de la Corte Suprema que le permitiera al Ministerio pasar por alto la recomendación de la Contraloría.
El proceso se está demorando en la Corte porque primeramente se corrió traslado a la Fiscalía y esta a su vez solicitó que se integrara al proceso a la Contraloría General.
Afán por adjudicar
El hecho más irregular que rodea a esta licitación tiene que ver con la constatación de la Contraloría de que el MOPC “ayudó” a la empresa Sacyr a seguir en carrera cuando saltaron sus múltiples antecedentes de proceso judiciales vigentes en el marco de obras públicas encaradas en varios otros países.
Estos antecedentes, según disponen la ley y el pliego de bases y condiciones, debieron dejarle fuera de competencia, pero aún así el Ministerio le favoreció con un dictamen que negaba tales procesos judiciales.
Incluso después de haberse comprometido públicamente en más de una ocasión a acatar el dictamen que pudiera expedir la Contraloría sobre el caso del aeropuerto, el ministro Ramón Jiménez Gaona, una vez que la recomendación salió y resultó contraria a los planes ministeriales, recurrió primeramente al Tribunal de Cuentas para solicitar que se deje sin efecto el planteamiento del ente auditor.
Tras haber desistido de tal acción, llevó el caso directamente ante la Corte Suprema, instancia en la que se tramita actualmente el caso de esta licitación.