Esperan coherencia de jueces en el caso de estafa relacionada a tierras

Afectados por un conflicto de tierras chaqueñas en el que se denuncia una presunta estafa esperan que los jueces de la causa se expidan de forma coherente, reivindicando los derechos de quienes pagaron el 100% del precio de los inmuebles al Indert y que aún así fueron despojados. En un proceso similar los mismos magistrados fallaron en contra de los imputados de esta causa, lo que sienta jurisprudencia.

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El conflicto de referencia se inicia en el año 2011, cuando el entonces presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza despojó a 14 adjudicatarios de lotes chaqueños que en su mayoría habían pagado el 100% del precio de las propiedades, ubicadas en la colonia Mayor Pablo Lagerenza, en la zona conocida como Agua Dulce, del distrito de Bahía Negra (Dpto. del Alto Paraguay). Al mismo tiempo, de acuerdo con la denuncia presentada por el Partido Patria Querida en 2012, durante la gestión de Ortigoza se gestionaron ilícitamente expedientes supuestamente de 1980 con recibos de pago falsos, para entregar a otras personas los inmuebles en cuestión, que totalizan nada menos que 56.000 hectáreas.

De los 14 adjudicatarios perjudicados por dicha maniobra, que fue comprobada y reconocida más tarde por el propio Indert, tres ya tuvieron sentencia favorable del Tribunal de Cuentas Primera Sala, conformado por los fiscales Martín Ávalos, Amado Verón y Rodrigo Escobar.

En la demanda promovida por Jhonny Chien Hong Kuo y otros contra el ente rural se reivindican los derechos sobre los lotes 22, 23 y 27 de 4.000 hectáreas cada uno (12.000 ha en total) y en este caso los citados magistrados fallaron a favor de los litigantes, según el Acuerdo y Sentencia Nº 170 de octubre de 2013; también lo hizo la Corte Suprema, a través del AI Nº 1501 de julio de 2014.

Caso relacionado

Ahora se encuentra en estado de dictar sentencia la demanda promovida por Miguel Bravo Fornerón y otras cinco personas contra el Indert, proceso que se halla también en el Tribunal de Cuentas Primera Sala, en las manos de los mismos jueces. En esta causa están involucrados seis lotes de 4.000 hectáreas (24.000 ha en total), por los cuales se pagó el 100% del precio en 2010.

“Los adjudicatarios fueron despojados por los supuestos apoderados y testaferros del señor Alfredo González Ramírez, todos ellos procesados y acusados por estafa. González presentó en todos los juicios un poder general para asuntos judiciales y administrativos, lo que dejó al descubierto que era él quien estaba detrás de más de 14 lotes de 4.000 hectáreas cada uno, totalizando las 56.000”, explicó el abogado Juan Manuel Cardozo, representante de los afectados, mostrando el mencionado poder (ver facsimilar).

“Es importante resaltar que la demanda del Sr. Jhonny Chien Hong Kuo tuvo acogida favorable conforme a derecho en el Tribunal de Cuentas Primera Sala, con votos de Escobar y Verón. En este caso estaban afectados lotes del grupo de las 56.000 hectáreas, donde también están los del señor Miguel Bravo y otros”, añadió.

Jurisprudencia

Finalmente, el abogado señaló que a diferencia del caso del Sr. Kuo, en el que se hizo valer su derecho entre otras cosas, debido al pago del 50% del precio de las propiedades, en el expediente de Miguel Bravo se abonó el 100% por los lotes.

“En consecuencia, la jurisprudencia hace inminente un nuevo fallo contra el Indert, ya que se tratan de casos relacionados íntimamente y son los mismos jueces”, puntualizó.

Fallo marca jurisprudencia

En el Acuerdo y Sentencia Nº 170, de fecha 23 de octubre de 2013, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, hizo lugar a la demanda promovida por Jhonny Chien Hong Kuo c/ Indert, con votos favorables de Rodrigo Escobar y Amado Verón.

De este modo, quedó establecido que no puede resolverse la adjudicación del propietario originario a otra persona, si el primero ya ha abonado el 50% del precio del lote, conforme lo establece el Art. 53 de la ley N° 1863/02 que establece el Estatuto Agrario.

En la mencionada resolución del Tribunal de Cuentas, el instituto agrario fue obligado a restituir los lotes 22, 23 y 27, cada uno de 4.000 hectáreas (12.000 ha en total).

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