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La cartera, según informaron los técnicos, ya puso a consideración de todas las instituciones alcanzadas por esta disposición, el tope de gasto presupuestario para el presente ejercicio.
El plan financiero se establece sobre los gastos que serán cubiertos con recursos genuinos, que en total asciende a unos G. 23 billones (US$ 4.000 millones) en toda la administración central.
El plan del Ejecutivo, sin embargo, no afecta al Congreso ni al Poder Judicial, que tiene autonomía en el manejo de sus respectivos presupuestos.
El tope para cada entidad sería casi igual al presupuesto vigente que se financia con recursos genuinos, ya que al repetirse el plan de gasto 2016 y con una estimación de recaudación mayor, es casi seguro que aumente la ejecución.
Hacienda ya descontó los gastos disminuidos a través del decreto reglamentario del presupuesto, como son la contratación de seguro médico y servicios de catering.
La reglamentación en servicio de catering (alimentos, bocaditos y bebidas) limita a no más de G. 500 millones (US$ 87.565) anuales, aunque el monto sigue siendo elevado si cada institución dispone de este presupuesto. Además, en lo que respecta a seguro médico, hasta G. 1.500.000 (US$ 262) por funcionarios.
Una vez que las entidades carguen en el sistema los programas prioritarios, Hacienda consolidará el proyecto de plan financiero y remitirá a consideración de la Presidencia de la República para puesta en vigencia por decreto.
El presupuesto vigente, que es la misma del año pasado luego del veto aplicado al plan aprobado por el Congreso, asciende a más de G. 68 billones (US$ 11.908 millones), que incluyen ampliaciones presupuestarias.