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Con mucho hermetismo se ha preparado la entrega de los peajes de Ypacaraí y Coronel Oviedo al consorcio Rutas del Este, que los administrará por 30 años, a cambio de la duplicación de las Rutas 2 y 7, en el marco de un contrato de Alianza Público-Privada (APP). Aún no hay fecha oficial de inicio de las obras, pero los peajes ya serán entregados en los primeros minutos de este domingo, según confirmó ayer el Ministerio de Obras ante nuestra consulta.
El tramo a duplicarse es el comprendido entre Ypacaraí y Pastoreo, de unos 142 km. La inversión prevista es de US$ 520 millones y el consorcio “Rutas del Este” se ocupará del diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación del referido tramo.
“A la 1:00 se procederá al traspaso, teniendo en cuenta el horario de verano. Se debe proceder a la revisión del inventario de los puestos de peajes y pesaje, en forma conjunta entre el MOPC y la SOE. También la revisión del documento denominado ‘Acta de traspaso’. En el acto tiene que tener participación un escribano”, fue la escueta explicación que dio a nuestra consulta el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Comunicaciones, luego de que las autoridades de la cartera se negaran a dar entrevistas sobre el tema.
Algunas fuentes señalaron que hay dudas sobre si “Rutas del Este” enviará o no representantes a hacer la recepción formal, puesto que la entrega debió hacerse antes y por razones desconocidas se postergó.
Antecedentes del caso
“Rutas del Este” está integrado por las empresas Sacyr (española), Mota Engil (portuguesa) y Ocho A (paraguaya). En su momento la adjudicación fue muy cuestionada, pues algunos legisladores accedieron a documentos que evidenciaban que Sacyr, el accionista mayoritario del consorcio, mintió en su declaración jurada de integridad y el MOPC le fabricó dictámenes para seguir en carrera.
Sacyr, firma a la que el ministro Ramón Jiménez Gaona y su director de Asuntos Jurídicos, Dionisio Mereles, le fabricaron un dictamen a favor, tiene procesos judiciales diversos en España, Chile, Panamá y en Colombia. Estos antecedentes según el pliego de bases y condiciones, la Ley de APP y el decreto reglamentario debieron impedirle concursar en esta licitación.
El documento al que Mereles le puso su firma niega la vinculación de Sacyr con una sociedad que incumplió en Murcia-España. Esta vinculación comercial terminó siendo reconocida por los propios representantes de Sacyr y en documentos que obran en poder del Ministerio desde el inicio de la evaluación. Sacyr también aspira a quedarse con el aeropuerto Silvio Pettirossi por 30 años, en el marco de una licitación paralizada.