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Esta semana, la empresa Sacyr, que tiene en su haber problemas de incumplimiento con España y Colombia, volvió a ser noticia por sus antecedentes de conflictos con los Estados que le adjudican contratos millonarios.
Esta vez, fue en Panamá donde se dio inicio a un proceso para que el Estado recupere 320 millones de dólares que le había adelantado a Sacyr por obras en el Canal de Panamá y que la compañía no pudo demostrar que efectivamente realizó.
En nuestro país, Sacyr no solo resultó adjudicada con el contrato para el ensanche de las rutas 2 y 7 y la explotación de estas vías por 30 años, sino además, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en abierta violación a las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y a la misma ley que regula los procesos de contratación por Alianza Público-Privada (APP), le mantiene en carrera en la licitación para modernizar el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, y su explotación también por 30 años. Tanto la ley de APP como el PBC de la licitación de referencia impiden ser oferentes a firmas con antecedentes de incumplimientos, aunque estos se hayan dado en otros países.
Le siguen defendiendo
“Las acusaciones y denuncias mediáticas contra la empresa Sacyr no afectan el proceso de adjudicación. No existe ninguna causal legal en este proceso y tampoco en el del aeropuerto”, dijeron esta semana a ABC desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio. Dicha dependencia es la única que suele responder a las preguntas realizadas por ABC al respecto, pues desde que saltaron los frondosos antecedentes de la firma Sacyr, ningún responsable de las APP por esta Cartera ha querido brindar declaraciones.
No obstante, fuentes extraoficiales del propio MOPC informaron que el comité evaluador de las ofertas para la modernización del aeropuerto no se reúne desde hace más de una semana y que la licitación sería declarada desierta, pero no por los motivos reales (conflictos de Sacyr en otros países). La maniobra, según estas fuentes, es descalificar a Sacyr por el supuesto incumplimiento de requerimientos financieros, para, de esta manera, no afectar la adjudicación que ya le hicieron de las rutas 2 y 7.
Según los datos, el contrato de ensanche aún no se firmó, por lo que el Estado aún está a tiempo de anular la adjudicación, para no incurrir en incumplimiento.
Piden informes sobre la licitación
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer sendos pedidos de informes sobre la licitación para el proyecto de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi a varias instituciones del Estado.
Las consultas, impulsadas por el senador Arnoldo Wiens (ANR) y dirigidas al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, al de Hacienda, Santiago Peña, y al Jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, eran para saber si estaban al tanto de los cambios sustanciales al pliego que habilitaba el cambio del sujeto que establecía quién podía participar en la licitación para el proyecto de modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi en el marco de la alianza público-privada.
En el caso del ministro Jiménez Gaona y de López Moreira, también la consulta se refiere a si estaban al tanto de irregularidades denunciadas y si informaban al presidente de la República sobre ellas, así como de antecedentes de las empresas que se presentaron a la licitación.
Igualmente, se aprobó un pedido de informes impulsado por el senador Eduardo Petta y dirigida al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Jiménez Gaona, en el que consulta detalles sobre las ofertas de las empresas que participaron en la licitación, de las empresas aseguradoras que participaron en el proceso licitatorio, así como detalles del inicio y desarrollo del proyecto de modernización del aeropuerto.
Los pedidos de informes aprobados establecen, como es habitual, un plazo de 15 días para que los organismos remitan su respuesta al Poder Legislativo.