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Los G. 40.000 millones previstos para el próximo año en el proyecto de presupuesto de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para “otras transferencias corrientes”, en su mayor parte destinada al pago de “participación de multas” a funcionarios, incluida la titular de la entidad, Marta González Ayala, obedecería a la necesidad de cubrir todas esas asignaciones “extras” al final del actual Gobierno, que se daría justamente en el 2018, en el mes de agosto.
El referido monto llama la atención debido a que duplica precisamente lo presupuestado para ese concepto en el presente año, de unos G. 20.000 millones, sin motivo aparente.
Sin embargo, la cifra empieza a tener sentido si se tiene en cuenta lo estipulado en el Art. 5 de la Resolución Interna 12/2015 de la propia SET, que reglamenta a su vez el Art. 239 de la Ley 125/1991, modificada por la Ley 2421/2004, que dice en primer lugar que “cada funcionario tendrá derecho a percibir mensualmente en concepto de participación de multas, hasta diez (10) salarios mínimos para actividades diversas no especificadas para la Capital”.
El mismo artículo aclara que “de existir un remanente a su favor, este será pagado en los meses siguientes, manteniendo el tope señalado precedentemente, hasta su cancelación”.
Esto ha venido sucediendo desde hace un tiempo, pues tanto González Ayala como un selecto grupo de funcionarios han cobrado hasta el “tope” establecido, que en este caso representan “extras” de casi G. 20 millones cada uno.
El problema que se les presenta es que el próximo año habrá cambio de gobierno y lo más seguro es que tendrán que dejar sus cargos, y como todo indica que tienen todavía mucha participación de las multas que cobrar, quizá el simple “tope” no les va a resultar suficiente para retirar todo lo que se han adjudicado a través de la Resolución 12/15.
Pero para casos de este tipo, tal resolución, que fue firmada en su momento por la propia viceministra González Ayala, ha previsto la llave adecuada para acceder a la totalidad de dichos “extras” al dejar el cargo.
En efecto, el mismo Art. 5 ya mencionado dispone que “en caso de renuncia, jubilación o traslado definitivo del funcionario a otra institución, el saldo de las multas que no fueron abonadas hasta ese momento, se deben pagar de acuerdo a los procedimientos administrativos previstos para el efecto”.
Lo único que hay que hacer es prever que haya el dinero suficiente para cubrir dichos “retiros”, tal como lo ha dicho gente entendida en la materia del sector. Y todo parece indicar que podrían tener razón, ya que ahora se ha develado en el proyecto de presupuesto que Hacienda ha pedido al Congreso que se asigne a la SET, para el polémico concepto “otras transferencias corrientes”, el doble que este año.
De esta forma, las asignaciones extras privarán al Estado de disponer de G. 40.000 millones en recursos que bien pueden servir para ampliar el subsidio estatal a casi 7.000 adultos mayores, o la posibilidad de cubrir otras necesidades básicas en salud y educación.