En Indert estaban más apurados por millonarios pagos que por las tierras

La administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se apuró más por realizar millonarios pagos, que por regularizar la ocupación en el asentamiento Karaguata de Alto Verá (Itapúa). Lugareños manifestaron preocupación porque el ente desembolsó más de G. 4.200 millones por la finca en cuestión, pese a que esta tiene varias restricciones judiciales.

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ALTO VERA, Itapúa (Juan Augusto Roa). Pobladores del asentamiento Karaguata de este distrito manifestaron estar preocupados por la excesiva demora del Indert en regularizar las titulaciones de sus lotes, ya que el inmueble fue expropiado en 2010. “No sabemos nada, no tenemos ninguna información del Indert sobre nuestra situación”, afirmó Arnaldo Esteche, presidente de la comisión vecinal. Esto deja al descubierto el poco interés del ente agrario por las 70 familias ocupantes del lugar.

Las tierras en cuestión, unas 429 Ha valuadas en G. 5.350 millones, están hasta hoy en los Registros Públicos a nombre de Lilia Oddone Vda. de Céspedes, una paraguaya de 99 años que según los lugareños, se había mudado a Argentina y desde ese entonces se dejó de tener información sobre ella.

“Todo lo que sabemos es que el Indert ya tenía el presupuesto para el pago por las tierras, pero no sabemos cuánto de eso recibió la dueña y cuánto su nueva apoderada, la abogada Mariela Rivarola, quien reemplazó al abogado Rubén Paredes (anterior representante de doña Oddone)”, relató Esteche.

Según datos del expediente, el presidente del instituto agrario, Justo Cárdenas, abonó G. 2.674 millones a Rivarola en febrero de 2014, pese a que las tierras estaban embargadas y con medida de prohibición de contratar, lo que podría constituirse en lesión de confianza. Posteriormente hubo un depósito de G. 1.604 millones, que corresponde a Paredes por honorarios profesionales acordados con Oddone hace varios años y confirmado judicialmente (el abogado había hecho todas las gestiones para la dueña del terreno en varios juicios, pero después fue dejado de lado tras la sorpresiva aparición de la nueva apoderada).

Según explicó el presidente de la comisión vecinal, la propietaria de la finca tenía muchas deudas por impuestos y otros conceptos, por lo que contrató a Paredes en 2010 y el profesional puso al día todos los papeles para que el Indert pudiera pagar la indemnización. Pero al ser dejado de lado inició juicios que derivaron en el embargo del inmueble y en otras medidas cautelares.

Indert los “ningunea”

El expresidente de la comisión vecinal de Karaguata, Ernesto Rodríguez, dijo a su vez que desde el 2007 no tiene información sobre la titulación de los lotes. “Yo fui presidente de comisión entre los años 2003-2007, durante el tiempo en que se hicieron los trámites para expropiar. Por casualidad conseguí una copia de la ley de expropiación, porque el Indert no nos informa de nada”, se quejó.

Rodríguez también manifestó preocupación porque el Indert nada hace para levantar las medidas judiciales que impiden finiquitar la transferencia del inmueble, para luego titularlo a nombre de lugareños. Precisamente, dos años después de haber firmado la traslación de dominio, Cárdenas no ha accionado judicialmente para una solución, lo que podría ser considerado una muestra de que desde el inicio hubo mala fe y que se trataría de otro “negocio” de tierras.

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