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La Lic. Zulma Sosa fue designada titular de la recientemente creada gerencia del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), pese a que en 2014 fue sancionada por cometer “faltas graves” en el censo nacional 2012, que en lugar de tener cobertura del 90% llegó a solo 76,3%. Sosa estuvo al frente de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y por ello fue sumariada por el fallido trabajo de referencia, que costó al Estado US$ 16 millones.
ABC consultó a Cárdenas qué criterios se tuvo para nombrar a dicha funcionaria, que en principio llegó al ente como comisionada. Vía mensaje de texto, respondió: “Se trata de una persona altamente formada para el cargo. Es una técnica competente y además eficiente en lo que hace”.
Según los datos, después de salir de la DGEEC, Sosa fue coordinadora de la Unidad Administrativa de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), pero en 2014 la destituyeron tras la sanción recibida. Al respecto, el presidente del instituto rural señaló que hasta lo que él sabía, ella no fue echada. “Es más, me costó mucho comisionarla de esa institución al Indert, por ello después la nombramos como funcionaria activa de nuestra institución”, agregó.
Presiones políticas
Sosa alegó por su parte que los problemas del censo y la sanción que después recibió en el marco de ese trabajo guardan relación con cuestiones políticas. “Lamentablemente, esa actividad coincidió con el cambio de gobierno (se destituyó a Fernando Lugo y asumió Federico Franco). Después empezaron las presiones políticas”, resaltó.
Explicó que en el gobierno de Franco le pidieron que contrate a unos 2.200 operadores políticos para hacer la recolección de datos, a lo que ella se negó porque se necesitaban 6.000 personas y debían ser seleccionadas con criterios técnicos.
“Después ya vinieron las presiones para direccionar licitaciones. Como no cedí, empezaron a no apoyar el censo. Por ejemplo, en la no liberación de los pagos a los personales”, subrayó.
La funcionaria insistió en que se trató de una persecución política y prueba de ello es que tras la intervención de la Contraloría, no encontraron irregularidades en su gestión.
A su criterio, la sanción que recibió no fue justa, pues la jueza que llevó el caso desconoció los argumentos de su defensa. Dicho fallo fue apelado, pero hasta hoy no se tiene resolución, de acuerdo con los datos.