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Aquella suspensión de las gratificaciones en la Función Pública, primero por decreto y luego por ley, aparentemente fue solo un teatro sobre austeridad del Gobierno de Horacio Cartes. Al menos eso es lo que se puede deducir de los pagos de millonarios sobresueldos que se siguen realizando en instituciones como la INC y Petropar.
En el caso de la cementera estatal, el pago se realizó dos veces en lo que va del año, uno en abril y otro en agosto pasado. Se trata de desembolsos para cada funcionario permanente, que equivalen a un salario adicional en cada ocasión y que, sumado al aguinaldo de fin de año, terminará significando el desembolso de tres aguinaldos para los trabajadores.
Los documentos oficiales dan cuenta que disfrazaron el pago del plus irregular bajo el concepto de “subsidio”, que corresponde al objeto de gasto 131. La explicación que da el presidente de la empresa, Jorge Méndez, es que se basaron en la Ley 5554/16 del Presupuesto y el Decreto reglamentario Nº 6715/17 de dicha ley. Sin embargo, los datos indican que ni siquiera hubo dictamen de Asesoría Jurídica que recomiende el desembolso. Le consultamos a Méndez sobre cuánto le cuesta a la INC el pago de estos sobresueldos, pero no nos respondió hasta el cierre de esta edición.
En la planilla de salarios podemos observar que uno de los gerentes, César Emilio Diesel, cobró su sueldo base en agosto, bonificación por grado académico, gastos de representación, responsabilidad, diferencia por cargo superior y como si todo eso fuera poco, también el plus de G. 10 millones por “subsidio”. Inclusive, los funcionarios comisionados (que llegaron a la estatal desde otras instituciones) recibieron este premio que supuestamente había quedado suspendido en el Gobierno de Cartes, como podemos ver en el caso de César Mallorquín Ávila, también gerente, quien recibió G. 10 millones del sobresueldo, más todos los demás adicionales. Otra trabajadora comisionada con rango de “asistente”, de nombre Rocío Segovia Marsa, recibió G. 7,8 millones. En contrapartida, ningún funcionario contratado ni los que fueron comisionados de la INC a otras instituciones llegaron a percibir este “subsidio”, que en la práctica es una gratificación disfrazada.